“Para crear y conformar tecnologías, sectores y mercados, el Estado debe estar dotado de la inteligencia necesaria para diseñar e implementar políticas atrevidas”. M. Mazzucato (2022), El Estado Emprendedor: la Oposición Público-Privado y sus Mitos.
En los últimos años se está experimentado a nivel mundial un notable auge de estructuras de mercado que permitan transaccionar créditos de carbono, poniendo de acuerdo tanto a oferentes (promotores) como a las empresas que demandan dichos créditos. Centrándome sólo en proyectos relacionados con los sistemas forestales (bien sea por captura de carbono como por reducción de emisiones), se puede hablar, desde el lado de la oferta, de tres tipos de mercados. E insisto en la idea de mercado. Por un lado estarían los que presentan vinculación gubernamental (bien sea a través de mercados regulados tipo ETS o a los llamados “sistemas voluntarios”). Frente a ellos se sitúan los sistemas independientes, que no dependen de ningún gobierno y que se suelen conocer como mercados de carbono voluntarios. En la tercera posibilidad se deberían incluir mecanismos de carácter internacional, bien sea impulsados por la ONU (el antiguo mecanismo de desarrollo limpio) o el que se pretende construir en la Unión Europea. En una perspectiva inferior se encontrarían los registros de un determinado tipo de proyectos, como es el caso de España. No me atrevo a dar cifras del número de mercados existentes a nivel global porque el dinamismo en este sector es feroz, y continuamente aparecen nuevos actores en estos mercados, pero con toda seguridad superan ampliamente la centena. Pues bien, en este contexto me gustaría realizar unas breves reflexiones sobre la situación actual que existe en España con relación a los mercados del carbono forestal, dejando a un lado problemas evidentes que han aparecido en los últimos meses.
Como es bien sabido, el hecho principal sobre el que gravita una posible respuesta al título de esta entrada es que se ha decidido que en España no exista un mercado centralizado de carbono. El MITERD, con su recurrente sectarismo a todo lo que tenga que ver con la unión de servicios ecosistémicos y unidades monetarias, ha decidido no apostar por esta idea. Se ha conformado con un registro de proyectos de absorción, que nunca puede ser considerado mercado, ni cumple los requisitos mínimos que cualquier estándar internacional exige a los créditos que ahí se intercambian. Tampoco tiene que ver con otros sistemas, también denominados registros, como el francés. Por otro lado, es preciso recordar que desde su nacimiento se ha obviado la posibilidad de introducir en este registro créditos derivados de la gestión forestal mejorada. De ahí que no resulte extraño comprobar cómo grandes empresas españolas con fuertes intereses en comprar créditos de carbono no consideren esta opción.
No conozco las razones de fondo sobre estas decisiones, y no pretendo entrar en especulaciones sobre lo que motivaría la existencia estos hechos, pero, volviendo a la idea de un hipotético mercado de carbono a nivel nacional, existen preguntas que surgen de forma inmediata. Por ejemplo, ¿se ha hecho algún estudio sobre si la situación actual no justifica que exista un mercado, que no registro, a nivel nacional como los que operan, por ejemplo, en el Reino Unido o Portugal? ¿se ha preguntado a los agentes que operan en el sector y a otros stakeholders implicados su parecer? ¿se justifica que no exista un mercado a nivel nacional y sí mercados a nivel autonómico?, etc. Si alguien posee respuestas a estas preguntas, agradecería que me respondiera en la sección de comentarios de esta entrada. A pesar de estas incógnitas, yo apostaría por un único mercado a nivel nacional, aunque sólo sea por temas de eficiencia. Para que un mercado, sea el que fuere, se justifique a nivel espacial debe alcanzar un mínimo, entre otras muchas razones, para cubrir ciertos costes administrativos. Dicho de otra forma, no siempre subdividir el conjunto hasta la extenuación es la solución óptima, aunque se intenten justificar estas acciones por endebles criterios políticos. Además, conviene recordar que en estos días desde la UE se habla textualmente de promover mercados de carbono nacionales, no regionales.
Frente a esta realidad, y dejando a un lado iniciativas privadas como CABIDA, apoyada por CESEFOR, están apareciendo diferentes iniciativas a nivel autonómico. La primera que se me viene a la cabeza serían los créditos climáticos existentes en Cataluña, apuesta bastante innovadora y dado que integran tres servicios ecosistémicos diferentes en un contexto diferente, no se compararía con lo que se ha comentado hasta ahora. Es posible que no sea todo lo exhaustivo que debiera, pero existen registros similares al del MITERD en, al menos, Comunidades como la asturiana o la andaluza. Por otro lado, parece que Castilla la Mancha está apostando por desarrollar la “carbonocultura”, expresión introducida en el último reglamento comunitario al respecto. Sin embargo, la Comunidad Autónoma que ha dado un paso más allá ha sido la gallega, que acaba de regular un sistema voluntario de créditos de carbono, con una normativa publicada muy recientemente y que está empezando a desarrollarse a través de manifestaciones de interés antes de publicar las primeras metodologías con relación a dichos créditos. A continuación se van a realizar algunos comentarios sobre esta apuesta.
Comenzando por lo anecdótico, me ha llamado la atención que este Decreto apareciera en medio del debate sobre la moratoria del eucalipto en Galicia y unos días antes del inicio de la reunión de la COP, pero supongo que habrá razones de peso que no hayan evitado esta contraprogramación. Entrando ya en materia, se ha diseñado, hasta ahora de forma parcial, un mercado voluntario que, en principio, cumple con algunos principios básicos que deben seguir este tipo de mercados. Además, resulta interesante leer el abanico tan ambicioso de objetivos que se pretenden, alguno de ellos tan indescifrable como “fomentar un modelo económico de capital natural”. Por otro lado, se trata de un documento bastante aséptico, y, como acabo de señalar, todavía incompleto debido a que no se han concretado las metodologías que permitirán el reconocimiento de los proyectos de absorción asociados. En general, dichas metodologías podrán ser propuestas endógena o exógenamente, pero sujetas a la aprobación final por parte de la Xunta de Galicia.
Como suele ser habitual en muchas disposiciones legales, no se conoce a ciencia cierta diversas motivaciones de la existencia de esta norma, lo que complica el análisis. Por ejemplo, sería interesante que hubiese alguna cifra o estimación de partida. Así, cuando se plantea que este mercado va a contribuir a la descarbonización de la economía gallega, ¿a qué umbral nos estamos refiriendo? ¿cuál es el objetivo cuantificable asociado a este nuevo mercado? ¿es lo mismo cien, mil o cien mil toneladas de CO2e? Dado que los proyectos deben estar ubicados en Galicia, una pregunta inmediata sería ¿qué ofrece este mercado en comparación con otras alternativas existentes? ¿por qué una empresa/propietario se decantaría por este mercado y no, por ejemplo, por otro mercado voluntario a nivel internacional? Dejando a un lado razones de tipo sentimental, ¿cuál sería la ventaja comparativa de esta apuesta frente a otros mercados ya consolidados? Dado que se ha presupuestado una, a priori, ingente cantidad para el desarrollo de este mercado (6,8 millones de euros), parecería sensato conocer alguna estimación cuantitativa en esta dirección.
Por otro lado, conviene recordar que el embrión de este Decreto está recogido en una Ley del 2024. En la exposición de motivos de dicha Ley se comenta literalmente: “está creciendo el interés por parte del sector privado en la ejecución de proyectos en el territorio que maximicen dicha absorción de carbono”. Pues bien, según el MITERD, la especie forestal que más carbono absorbe es el Eucalyptus spp. Luego si se pretende ser más eficiente en la descarbonización utilizando herramientas de tipo forestal, las plantaciones de eucalipto serían un objetivo claro. Sin embargo, la propia Xunta impide el desarrollo de dichas plantaciones con este fin. Si a eso le sumamos que, en general, tampoco está permitido desarrollar nuevas plantaciones en tierras agrícolas, nos encontramos que endógenamente se coartan potenciales proyectos de absorción de carbono. Todo ello refleja un paso más en la abrupta relación de la Xunta con esta especie, y sus recurrentes contradicciones: la xenofobia botánica llevada a la descarbonización.
Y ya que se mencionan potenciales proyectos de absorción, me ha llamado la atención que se hable de actuaciones bajo el paraguas “gestión forestal sostenible”, donde se puede diseñar una metodología para computar dicha absorción. Bajo el citado paraguas caben muchas opciones, pero lo cierto es que si la gestión de un sistema forestal es “sostenible”, ello no tiene que implicar necesariamente que se incremente la absorción de carbono en el futuro. Pero lo que causa más extrañeza es que no se mencionen directamente los llamados proyectos de gestión forestal mejorada, a los que antes me he referido, que sí suponen un aliciente para desarrollar nuevas iniciativas (cambios en la selvicultura, turnos más dilatados, etc.), y son muy importantes a nivel internacional. De hecho, esta modalidad es la más frecuente en mercados como el de California. Veremos lo que ocurre con las metodologías, pero renunciar a esta opción de entrada, junto con lo de las plantaciones y el eucalipto… no parece que sean las mejores cartas de presentación para promover un mercado voluntario en el ámbito forestal.
Quedaría algún tema más en el teclado, pero no quisiera finalizar esta ya larga entrada sin dos últimos comentarios. El primero, y a tenor de los problemas que han surgido con los créditos de carbono, he echado en falta en esta disposición legal una mención más explícita de los requisitos de calidad que deben cumplir los créditos generados. Bien es cierto que ello se puede incidir de forma particular en las tipologías de proyectos de absorción y sus metodologías, pero me parece que se ha perdido una oportunidad de subrayar la importancia de generar créditos de calidad. A veces es necesario desde el principio posicionarse en un mercado de forma clara, sobre todo para generar más confianza. En esta línea, una alusión a que las metodologías deberán ser validadas por instituciones internacionales de la máxima solvencia (por ejemplo, ICVCM), hubiese sido muy acertada. Por último, si antes he calificado a este Decreto como aséptico (o, si se quiere, funcionarial) es porque apenas hay alusiones a la propiedad forestal, y eso en una región como Galicia, donde ésta es radicalmente de titularidad privada, suena extraño. Cualquier propietario que lo lea puede decir que no se siente muy próximo al espíritu del mismo. A título de ejemplo, el Decreto homólogo que desarrolla este mercado en Portugal cita textualmente expresiones como “incentivos adicionales” o “aumento de rendimientos” cuando se refiere a los propietarios forestales. En fin, malos tiempos para la … empatía.
