“Carbon emissions have become a new commodity”: L. Zhang (2025), Sustainability Economics
Aunque desde hace meses se viene hablando de ciertos problemas asociados a los mercados (fundamentalmente voluntarios) de carbono, en las últimas semanas, por no decir días, han aparecido diversos artículos señalando algunos de estos problemas en revistas científicas del más alto impacto (Nature, Science, Annual Review of Environment and Resources, Global Change Biology, etc.). Estos estudios me parecen muy ilustrativos y pertinentes, dada la situación de estos mercados y la cercanía de la COP30 donde seguro se hablará de estos temas. El objetivo de esta entrada es resumir estos problemas y contextualizarlos tanto desde el punto de vista del mercado como de aspectos que, seguramente por sabidos, no aparecen en estas fuentes. Ya anticipo que no ha lugar a soluciones únicas ni milagrosas ni tampoco a enmiendas a la totalidad, como he visto en algunos comentarios a dichos trabajos. Lo traigo a colación porque resulta extremadamente preocupante leer descalificaciones de académicos que, sin ser expertos ni en mercados, en general, ni en estos mercados de carbono en particular, utilizan clichés de lo más casposos para intentar denigrarlos, cuando algunos de ellos incluso seguro son desconocidos para quien los pronuncia: “mercados especulativos”, “burbujas”, “pelotazos financieros”, etc.
Partiendo de la base que tanto el Protocolo de Kyoto como el Acuerdo de París legitiman el intercambio de créditos entre países, conviene recordar tres tipos de créditos forestales caracterizados dentro del más amplio paraguas de “soluciones basadas en la naturaleza”: los asociados a forestaciones (ARR), los que computan ganancias de carbono a través de la gestión forestal mejorada (IFM), y todavía vetados en España, y los vinculados a los programas REDD+. Si nos centramos en los mercados voluntarios de carbono (VCM), los hechos apuntan a un gran crecimiento de los créditos que entraban en estos mercados hasta hace aproximadamente 3 años. A partir de ahí, ha habido un descenso muy marcado tanto de la oferta de esos créditos como de su precio, debido, entre otras circunstancias, a que el mercado desconfiaba de la calidad de los mismos. Pues bien, el hilo conductor de estos trabajos abarcan los incumplimientos de ciertos principios básicos que deben observar dichos créditos, fundamentalmente de los REDD+, que explicarían esta situación y que, por supuesto, conducen a constatar estas disfunciones y a proponer algunas soluciones al respecto.
Los artículos arriba mencionados hablan de proyectos que han inflado la cantidad de créditos en varias veces (hasta más de diez veces en algunos casos). El primer problema que se señala es la definición de lo que se llama la línea base. Sería algo así como el punto de partida donde se evalúa el carbono almacenado y será la referencia para computar la ganancia de carbono en años sucesivos. Pues bien, en muchos casos se ha comprobado (años después) que existía un incentivo para minusvalorar esta línea base con el fin de que se incrementara el número de créditos asociados al proyecto. Las metodologías utilizadas (muchas veces imágenes satelitales sin comprobación in situ) para estimar esta línea base han sido demasiado laxas y han permitido esta disfunción en un porcentaje alto de proyectos. El segundo problema es el de la adicionalidad: hay que demostrar que los créditos no se van a producir en ausencia del proyecto en cuestión. Si se producen de igual manera, no se pueden computar. Por ejemplo, en algunos casos si se demuestra que una forestación es rentable sin incluir el carbono se etiqueta como “no adicional”. El tercer problema, y de muy difícil resolución, es el de la ausencia de fugas (“leakage”). Se trata de demostrar que no se producen cortas en otros sitios más o menos próximos por no cortar árboles en la zona del proyecto, o bien cuantificar esas pérdidas. Hoy en día parece que no existe un consenso para señalar cuál es el método más adecuado para abordar esta cuestión. En muchos proyectos REDD+ que han analizado los autores de los trabajos arriba señalados se ha infravalorado estas fugas de carbono, lo que conlleva sobrevalorar los créditos computados en el proyecto. Otro problema es la no permanencia de los stocks forestales en el tiempo establecido. Para evitar este problema (cortas ilegales, incendios, etc.) algunos VCM disponen de lo que en el RD 214/2025 se denomina bolsa de garantía (una bolsa de créditos para prevenir estos problemas), pero se estima que en algunos mercados es demasiado escasa. Hay otro aspecto de la permanencia, que recientemente ha cobrado atención, y sería la duración de la captura de carbono. Más adelante volveré a esta cuestión. Por otro lado, es preciso insistir que existen barreras institucionales (cambios de gobierno, disputas entre Administraciones) que pueden poner en peligro proyectos ya aprobados. Por último, aunque creo que menos acusado, está el riesgo de la doble contabilidad de estos créditos de carbono: que se los anote el proyecto y, a la vez, el país en sus contabilidades de gases de efecto invernadero.
Llegados a este punto, alguien pudiera pensar que estos proyectos ya nacen con una limitada credibilidad, pero eso no debiera ser así. Lo primero que se debe de tener en cuenta es que cada tonelada de carbono tan sólo tiene de tangible las unidades (1 t), ya que no es posible examinar alguna otra propiedad de una manera sencilla, a diferencia de otros outputs de los sistemas forestales. Esta intangibilidad no ayuda a validar y verificar los proyectos. Además, no debe nunca olvidarse que estos proyectos REDD+ se desarrollan habitualmente en lugares bastante inaccesibles, con informaciones básicas difíciles de obtener y con problemas de gobernanza. No se trata, por ejemplo, de hacer meros censos, o de contar plantas de energía fotovoltaica. La captura de datos suele ser mucho más complicada y cara que en proyectos forestales en países del primer mundo, y habitualmente se acude a métodos que excluyen, total o parcialmente, el contacto con el terreno. Eso induce un error de entrada, y dicho error se intenta medir a través de sucesivas verificaciones y validaciones. De hecho, los autores de los artículos anteriormente señalados han recurrido a análisis contrafactuales más o menos complejos para llegar a las conclusiones sobre los proyectos con créditos inflados. Esos análisis básicamente consisten en construir un escenario que intente reflejar lo que hubiera sucedido sino se llevaran a cabo las acciones vinculadas a cada proyecto y eso, como resulta lógico pensar, no es en general una tarea sencilla. Por otro lado, si he hablado de validar y verificar el proyecto es porque se contratan agentes externos al promotor que deben auditar y dar su conformidad a los créditos que se recogen en dicho proyecto. Un problema es que los incentivos para estos verificadores juegan a favor del promotor que es quién les abona sus honorarios, no la empresa que va a utilizar los créditos para compensar parte de sus emisiones. Parece que en muchos casos se han advertido de problemas de este tipo en los proyectos REDD+, encontrándose con que los auditores admiten con demasiada benevolencia las explicaciones de los promotores sin persuadirles de realizar ciertas correcciones.
Tampoco debe olvidarse que los proyectos REDD+ aglutinan otros atributos (también llamados co-beneficios) diferentes al carbono, generalmente de tipo ambiental (por ejemplo, conservación de la biodiversidad) y social, y que están también unidos a un conjunto de salvaguardas o principios asociados, entre otros, a la protección de las comunidades indígenas, a que los stakeholders tengan una protección activa y a que los beneficios recaigan sobre las comunidades locales, no sobre los gobiernos u otras organizaciones ajenas. Con ello quiero significar que estos proyectos también deberían ser verificados en base a estos atributos, pero ello constituye un tema complicado, tanto por temas de gobernanza del país (igual a algunos gobiernos no les interesa tanto estos proyectos) como por la ausencia de verificadores, ya que los existentes sólo se centran en el carbono. Ello implica que un proyecto puede no haber cumplido sus objetivos en cuanto a créditos de carbono, pero sí en cuanto a los demás co-beneficios. Finalmente, debe tenerse siempre en cuenta que estos proyectos REDD+ no han sido promovidos por ninguna corporación o por un país desarrollado con intereses en una cierta región. Su origen se remonta a al COP11 (aún eran proyectos RED, sólo centrados en mitigar la deforestación) y la propuesta procedía de países como Costa Rica o Papúa Nueva Guinea. No ha sido hasta la cumbre de Cancún en 2010 (COP16) donde se ha formalizado el término REDD+. Por todo ello causa perplejidad comprobar cómo algunos necios mezclan estas realidades con los adjetivos y epítetos con que se refieren a los mercados de carbono.
Los artículos científicos antes mencionados que critican con precisión las disfunciones en estos mercados presentan unos objetivos muy claros, pero ninguno de ellos es el de contextualizar desde un punto de vista económico estos mercados, y conviene hacerlo a la hora de disponer de una visión más amplia del problema. Así, es preciso recordar que estamos hablando de mercados muy jóvenes, y que tradicionalmente es frecuente encontrar problemas en mercados noveles (me estoy acordando de las recientes predicciones sobre el mercado de paneles solares para autoconsumo), de cómo siempre ha habido dilaciones entre la consolidación de los mercados y los mecanismos reguladores, y, por otro lado, también es frecuente observar riesgos morales en ciertos mercados que la sociedad suele aceptar. Además, los horizontes de actuación mucho más extendidos que en otros mercados juegan en contra de la consolidación de este tipo de mercados, ya no sólo por lo evidente de esta situación, sino porque las preferencias de los stakeholders pueden modificarse a lo largo de los décadas. Por ejemplo, es muy posible que las demandas de créditos de proyectos REDD+ por parte de algunas empresas se haya modificado en los últimos años, con lo que la comparación de proyectos de esta década con proyectos de hace 10 o 15 años también conlleva un cierto riesgo a la hora de interpretar los resultados. Por todo ello considero que se debe dar un mayor margen de confianza a estos mercados de carbono, pero partiendo de la base que deben de mejorar diversos aspectos.
Esta confianza no procede de un deseo o de un fanatismo irracional, sino de observar la evolución de este mercado desde su creación. Partiendo de la base que es un mercado complejo, con muchas y cambiantes regulaciones, con actores que son países o regiones (mercados regulados) compitiendo con otros mercados privados (VCM) y, como he dicho, donde los horizontes de actuación son muchísimo más dilatados que en otros bienes de consumo, ciertos hechos muestran un dinamismo y unos comportamientos que se escapan de prácticas que limitan la competencia. Por ejemplo, pocos se recuerdan que en los primeros años de este siglo (2003-2010) el mercado voluntario dominante se encontraba en Chicago, bolsa especializada en materias primas agrícolas. Pues bien, ese mercado desapareció debido a un exceso de oferta y unos precios ruinosos, después de experimentar una volatilidad asombrosa en cuanto al precio del carbono. También hay que recordar que instrumentos que aparecían en Kyoto como los mecanismos de desarrollo limpio (y, en menor medida, los créditos del tipo “Joint Implementation”) también han desvanecido. Por otro lado, aunque existe un estándar dominante en el mercado voluntario (VCS) en cuanto al valor de los créditos transaccionados, actualmente existe una explosión de mercados y registros, lo que asegura una alta concurrencia, siempre beneficiosa a los actores que intervienen en el mercado. A falta de conocerse si se establecen uno (o varios) mercados a nivel global, o si se confirma el rumor según el cual el mercado más grande de créditos (el mercado europeo de derechos de emisión) por fin integra los créditos con origen forestal, lo que parece claro es que los distintos mercados pueden elegir o especializarse entre las diferentes soluciones basadas en la naturaleza.
Un ejemplo muy claro de este hecho es que el segundo mercado voluntario más grande (Gold Standard) no acepta créditos REDD+ desde hace varios años, al igual que otros mercados regulados. Es decir, son soberanos en decidir qué créditos pueden aceptar y en qué condiciones. También conviene recordar que no sólo los créditos forestales han sufrido problemas. Así, muchos créditos procedentes de energías renovables (eólica, solar, hidroeléctrica) han presentado problemas graves que han obligado a su suspensión de algunos mercados de forma temporal. Curiosamente, no he leído críticas al respecto sobre la idoneidad de estos créditos, a diferencia de los relacionados con los sistemas forestales. Finalmente, otro motivo de confianza es que en los últimos dos o tres años se están desarrollando nuevos sistemas para auditar a los diferentes estándares según la tipología de créditos existente. Eso supone un incentivo para mejorar la calidad de los créditos y una información muy valiosa para las empresas. Un ejemplo sería la aparición de nuevas instituciones que afirman velar por la integridad de estos mercados voluntarios de carbono o, en el caso de los proyectos REDD+ la aparición promisoria de proyectos juridiscionales (J-REDD) donde a priori se mitigan algunos problemas arriba señalados, además de mostrar una integridad más elevada.
Hay otro tema que es preciso poner sobre la mesa, y que muchos autores olvidan. Desde hace pocos años se está produciendo un fenómeno nuevo, asociado a un potencial aumento de la competencia por nuevos créditos tecnológicos, además de los ya existentes. Es decir, dejando a un lado su competencia interna, los mercados de carbono se encuentran con un competidor bastante apoyado por grandes industrias y gobiernos (USA): los créditos generados por la captura y almacenamiento del carbono (CCS, en inglés). Se basan, por ejemplo, en inyectar el carbono en ciertos yacimientos a través de ciertas técnicas que evitan que el carbono retorne a la atmósfera. Traigo este hecho a colación porque, curiosamente en los últimos tiempos, algunos autores se plantean la permanencia de los créditos de carbono en horizontes no ya de 100 años como algunos estándares, sino de 1000 años. Obviamente, ello favorece a los créditos CCS, pero me llama la atención que se ponga sobre la mesa la imposiblidad de verificar si existen o no fugas en estos horizontes tan extremadamente longevos. ¿Cómo es posible aquí realizar una verificación convincente? Además, considerar centenas de años supone admitir una perpetuación de esta solución para mitigar el cambio climático sin considerar, por ejemplo, la irrupción de nuevas fuentes de energía que combatan el problema de raíz. En definitiva, pueden existir stakeholders interesados en cuestionar los créditos de carbono procedentes de soluciones forestales por intereses espurios.
Cambiando de perspectiva, me gustaría resaltar un aspecto habitualmente olvidado de estos mercados y es la no consideración de los sistemas forestales como proveedores de múltiples servicios ecosistémicos de forma simultánea. Hablar de líneas base, de permanencia, de gestión forestal mejorada, etc. sólo en términos de carbono no responde a la realidad forestal, y esto sí que no lo tienen en cuenta estos mercados por muchas salvaguardas que se consideren en proyectos REDD+ o por diversos sobreprecios que se pongan a créditos ARR cuando se incluyan aspectos de biodiversidad. Creo que se debe abrir el foco y no pensar sólo en una óptica monocriterio cuando se proponen modelos de gestión en los sistemas forestales.
Además, quisiera insistir en la validez de un instrumento como los mercados de carbono. Aún en el caso que se haga más presión a las empresas para que primero reduzcan y minimicen las compensaciones, este tipo de soluciones basadas en la naturaleza pueden tener sitio para cumplir criterios de los ámbitos ESG (ambiental, social y de gobernanza) o si se alinean con los objetivos de desarrollo sostenible (SDG), como ya promueve algún estándar, y como es fácil ver en algunas empresas que comercializan estos créditos. Por otro lado, también hay que resaltar el hecho que parece se está venciendo el incentivo perverso que existía en el mercado para comprar créditos “malos”, expulsando éstos a los de más calidad. Así, en los últimos meses, estos créditos con más garantías están experimentando un aumento de precio notable, señal de una mayor demanda. Por esta línea se pueden reconducir algunos de los problemas anteriormente señalados.
Finalmente, recomendaría a los lectores no hacer caso a esos agoreros que anteriormente he citado que no entienden ni quieren entender estos mercados y acuden o bien a exponer su ignorancia, o bien a invocar posición maximalista: son contrarios a la “ciencia”. Siempre he huido de aquellos que su argumento se basa en esta palabra, porque, entre otras razones, la ciencia es sólo lo que ellos consideran como ciencia, y ahí, por ejemplo, nunca entrará la ciencia económica. Por cierto, y hablando de una ciencia más real, el desarrollo de estos mercados provoca que se internalice el servicio ecosistémico de la captura de carbono y, aunque sea de forma modesta a nivel macro, puede conllevar a que ciertas comunidades locales mejoren su bienestar y, en definitiva, experimenten un mayor crecimiento que si no existieran estos proyectos REDD+. Justo hace pocos días el Premio Nobel de Economía ha premiado a tres académicos por sus trabajos sobre la importancia de la innovación en el crecimiento económico, y no son los primeros agraciados en esta línea. Por cierto, incluso artículos también muy recientes inciden en el papel de la innovación en el desarrollo de estas soluciones basadas en la naturaleza. A mi juicio este justo reconocimiento tiene otra derivada: la desautorización a ciertos terraplanistas que invocan el decrecimiento de la economía como solución a todos los males terrenales, y que están en contra de estos mercados. En fin, hay años que para algunos resulta complicado ver la lista de los Premios Nobel…
