“No me das ninguna novedad, he tenido el privilegio de asistir al envejecimiento». José Saramago: La Caverna
Voy a referirme a un interesante informe que acaba de publicar el Instituto Gallego de Estadística sobre la caracterización de los aprovechamientos de madera realizados en Galicia teniendo en cuenta las características socioeconómicas de los propietarios. Lo primero que conviene recordar es que este tipo de análisis son muy escasos en España, como cualquier tipo de estadística relacionado con la propiedad forestal, lo cual le añade un plus adicional de interés. La fuente de los datos que dan lugar a estos resultados es una declaración, obligatoria desde 2020, y que debe presentar la propiedad antes de proceder con las cortas. En dicho protocolo se incluye la petición al solicitante de un conjunto de informaciones muy interesantes y que pueden generar un conocimiento más profundo de la cadena de la madera en esta Comunidad, sobre todo desde que se produce la corta de la madera hasta que ésta llega a la primera industria de transformación, eslabón habitualmente falto de conocimientos verificados.
Para situar el análisis, conviene recordar que estamos hablando de la Comunidad Autónoma donde más madera se corta (más de 10 millones de m3[1] en el año 2022, el que hace referencia este estudio), donde lo que se conoce como la cadena de la madera supone el 1,8% del PIB, y caracterizado por ser la propiedad privada absolutamente predominante y, simultáneamente, minifundista. Este atributo se refleja en el primer dato: el 85% del volumen de corta corresponde a personas físicas, y el volumen medio en cada expediente se sitúa en 250m3. También se sabe que por cada 100 residentes en Galicia se han solicitado 1,22 expedientes para cortar madera, y aunque la superficie asociada no figura en este informe, es fácil de deducir que no es muy elevada dada la cubicación de las existencias. También conviene aclarar que dentro del 15% de aprovechamientos vinculados a personas jurídicas, el ítem más importante es el de los montes vecinales en mano común, otra forma de propiedad privada muy importante en Galicia: cortan más del 10% de la madera en ese año. Con todo ello, la primera reflexión que surge es la constatación de que, a diferencia de otros países donde el sector forestal presenta una mayor importancia en el PIB, la industria de la madera no es propietaria de terrenos forestales y que resulta extremadamente ineficiente vincular un sector productivo con unas superficies de corta y volúmenes asociados tan reducidos. Ello no es óbice para que las grandes empresas sean las que más madera compren, como se intuye de publicaciones recientes de la agencia Xera.
Por otro lado, en este estudio se muestra otra evidencia con toda naturalidad: los tres grupos de edad donde se vinculan más permisos de corta se sitúan entre 60 y 75 años. O, si se quiere, los mayores de 85 años suponen una vez y media más que los menores de 40 años. Una vez expuestos estos datos, se puede pensar que el envejecimiento es común a todo el rural gallego, y que no debe sorprender esta cifra, dada la pirámide poblacional habitual en la mayoría de los municipios. Esto, sin duda, es así, pero requiere alguna matización. La primera es que las estadísticas referidas a las explotaciones agrarias muestran una edad media ligeramente menor que la media de estos solicitantes (alrededor de 65 años), aunque esta cifra requerían un análisis cuidadoso, ya que las estadísticas obvian a los propietarios forestales que, a la vez, son titulares de alguna otra explotación en el rural gallego. Desgraciadamente, como ya he comentado en alguna otra ocasión, la intersección de lo forestal con lo agrícola y ganadero no interesa a efectos de estadísticas y estudios. Lo poco que se conoce es que, según el último censo agrario de 2020, más de 15.000 explotaciones agrarias en Galicia cuentan con medidas de desarrollo rural. Entre estas medidas hay dos con un vínculo evidente hacia lo forestal. La primera se denomina “Inversiones en el desarrollo zonas forestales” y se contabilizan 113 explotaciones. La segunda, “Servicios silvioambientales, climáticos y conservación de los bosques”, ha conseguido la adhesión de la friolera de 1 explotación. Quizá el término “silvioambiental” ha tenido algo que ver con este número. Bromas aparte, me cuesta creer que estas cifras tan escuálidas sean la imagen fidedigna de dicha intersección.
Esta evidencia demográfica oculta diversas situaciones de interés con implicaciones en la gestión forestal. La primera, dado que casi la mitad de los expedientes los firman pensionistas, no es descabellado pensar que un porcentaje de esas cortas están asociadas a una especie de plan de pensiones que esos propietarios han diseñado en su momento para su futuro (aquí el concepto de clases pasivas también requeriría una nota al pie, aunque no he encontrado datos fiables del impacto de estas cortas a nivel fiscal), o el de su familia. En esta línea, también es preciso tener en cuenta que, por razones estrictamente biológicas, aumenta el riesgo de un traspaso de propiedad durante el período de crecimiento de la masa forestal, con las consecuencias que potencialmente pudiera tener: desde cambios en la gestión hasta problemas de abandono rural. Por otro lado, aunque no he visto estudios en España al respecto, también convendría analizar la propensión al cambio tecnológico que tienen estos propietarios. Y me estoy refiriendo básicamente a la incorporación de nuevos tratamientos, selviculturas, consideración de otros servicios ecosistémicos en su toma de decisiones, cambios de especie, inclusión de la certificación en sus parcelas, etc.
En el informe, con acierto, se discrimina entre los solicitantes de cortas residentes en Galicia de los que no lo están. Estos son un porcentaje pequeño (alrededor de un 6%). Sin embargo, esta dicotomía no permite realizar un análisis sobre lo que algunos autores denominan el propietario ausente (“absentee landowners”). Es decir, la pregunta es si todos los que solicitan las cortas residen en el municipio (o cercanías) de dónde se produce el aprovechamiento. El interés no es por un simple dato estadístico, sino por el hecho de que muchos mayores han abandonado sus viviendas en el rural y se han trasladado con sus hijos a ciudades gallegas. Esta realidad podría (lo pongo en condicional ante la ausencia de evidencias contrastadas) implicar un menor cuidado de las plantaciones, peor gestión forestal, no detección de posibles plagas, etc.
Algunas de las consecuencias de esta distribución de las cortas según el segmento poblacional deberían ser objeto de una especial atención en las políticas a ejecutarse en el futuro más cercano, máxime cuando es una realidad de sobra conocida, aunque, a mi juicio, no cuantificada a nivel regional como hasta ahora. Desconozco si medidas como el registro de selvicultores activos impulsado por la Xunta de Galicia son o no suficientes pero, en todo caso, sería interesante conocer no sólo las decisiones (es decir, la solicitud de los aprovechamientos) que realizan los propietarios forestales gallegos, sino porqué se llegan a tomar esas decisiones. Es decir: cuáles son los objetivos reales de su gestión, cómo toman las decisiones de corta, cómo integran otros servicios ecosistémicos en su toma de decisiones, qué incentivos serían efectivos según su visión, etc. Es preciso recordar que, obviamente, los objetivos de los legítimos propietarios forestales no tienen por qué coincidir con los de una parte de la sociedad, como pretenden ciertos neocolonialistas citadinos ultraprocesados con la ya cansina xenofobia botánica hacia la especie de la que se registran un mayor número de cortas. Por último, animaría a los responsables de estos estudios a seguir trabajando en estas líneas.
[1] Pido disculpas, pero el programa que utilizo para editar las entradas de este blog todavía no me permite incluir superíndices ni subíndices en los textos.
