Uno de los principales problemas que presenta el sector forestal en España, a diferencia de otros países, es la ausencia de tipos de propiedad más propicios para realizar inversiones forestales de cierto tamaño. Atendiendo a las estadísticas oficiales, la propiedad forestal a nivel nacional se resume entre la propiedad pública (sólo un 28% de la superficie arbolada) y la privada, claramente mayoritaria. Centrándonos en este tipo de predios, una primera división clásica nos lleva al propietario privado singular y al colectivo, como los montes comunales, que presentan una importancia notable en ciertas Comunidades Autónomas, y muy reducida en el total del estado. En definitiva, la propiedad privada individual, a pesar de su importancia a nivel superficial, se articula habitualmente en estructuras minifundistas, lo que supone una enorme debilidad de este sector. El minifundismo, además de propiciar fenómenos como el abandono de las explotaciones forestales, conlleva a que no existen propiedades que por su tamaño puedan provocar economías de escala y adentrarse en nuevas oportunidades de negocio. Por poner algún ejemplo, no abundan las fincas que, con una orientación productiva, superen no ya las mil hectáreas, sino los pocos cientos de hectáreas, ni tampoco abundan propietarios físicos o jurídicos que gestionen superficies (patrimoniales, arrendadas o consorciadas) que superen las 10.000ha. Una de las pocas excepciones sería ENCE, y no supera las 66.000ha, incluyendo miles de hectáreas dedicadas a conservación.
Esta situación es atípica si la comparamos con otros países donde existen empresas que manejan superficies forestales mucho mayores, por ejemplo, a través de figuras como las cooperativas, como el caso paradigmático de Finlandia. Otra forma con poca presencia en España serían los propietarios industriales, es decir, conglomerados que se abastecen mayoritariamente de sus propios sistemas forestales. Esta estructura es la habitual en industrias como la de celulosa, como sería el caso de ENCE anteriormente apuntado. Al hilo de ello, en estos días se está hablando de una iniciativa de fabricación de viscosa en Galicia. Pues bien, el socio industrial (Altri) gestiona más de 83.000has en Portugal. Por otro lado, aunque no tengo noticias de su presencia en España, también existen mecanismos relacionados con fondos de inversión como pueden ser los TIMOs (Timber Investment Management Organization). Estos intermediarios ofrecen a inversores institucionales la posibilidad de invertir en un tipo de activos con características distintas a, por ejemplo, la renta variable, con interés de la diversificación y, con el incentivo de la corriente actual a favor de los criterios ESG. Presentan una importancia notable en Estados Unidos y, por extensión, en ciertos países de América del Sur.
Una organización más eficiente de la propiedad provocaría ventajas indudables para el sector y, por supuesto, para el rural. Desde poder competir mejor en ciertos mercados monopsónicos, hasta permitir predecir con mayor exactitud la oferta de madera según especies, destinos, etc. Otro ejemplo muy claro se observa con relación a los mercados internacionales de compensación de emisiones de carbono. No resulta baladí el hecho que la mayor institución financiera de Estados Unidos (JP Morgan Chase) haya adquirido hace pocos meses una empresa que gestiona 700.000ha con vistas al esperado aumento del valor de la tonelada vinculada a ciertos mercados voluntarios de carbono. Obviamente, en España resulta impensable hablar de estas cifras, pero el interés por proyectos forestales relacionados con la captura de carbono es creciente, y una mayor y mejor oferta de terrenos aptos debería ser muy bien recibida en el mercado.
En la actualidad existe un cierto boom para integrar servicios ecosistémicos de regulación (captura de carbono) en el porfolio de bienes y servicios asociados a los sistemas forestales, pero no se están poniendo los mimbres para meterse de lleno en esta ola. Se dispone de una especie de mercado capado, y ello conduce a que no incentive la entrada de la propiedad forestal como se debiera, pero sí que aparecen empresas de servicios muy dudosas con los fines que dicen perseguir, o que directamente se centran en acciones de marketing que intentan aplacar la conciencia de algunos consumidores: ya se sabe que un anuncio de cualquier producto puede venir acompañado de la promesa de plantar un árbol. Recuerda, más o menos, lo que pasaba hace unos años en cualquier sucursal bancaria con los óbolos que repartían a los clientes buscaban una fidelidad de marca. Pues bien, sin despreciar ningún intento legítimo en esta dirección, para la sociedad sería mucho más eficiente que hubiese extensiones de terreno mucho mayores destinadas a estos fines, pero la ausencia de propiedades o de unidades de gestión con un tamaño apreciable dificulta esta apuesta.
Ya que he mencionado antes el proyecto de fábrica de viscosa, conviene lamentarse por la ausencia de otro grupo celulósico de capital nacional que compita internacionalmente en el mercado. No es una cuestión de una suerte de nacionalismo económico, sino de eficiencia. Con la producción actual de madera de eucalipto en Galicia, y por mucho que se ordene reducir su superficie de un día para otro, ¿no sería posible instalar otra planta? No he visto un estudio serio al respecto, cuando algún gobierno autonómico debería ser el primero en alentarlo. Ya que hablo de gobiernos, aquí entra la gobernanza institucional. Hace como 3 décadas ha habido intentos serios de que cuajara otra empresa en este sector. No voy a recordar el papel de algunos partidos políticos, pero esa utópica empresa hubiese provocado una cierta disminución del minifundismo, aunque sólo fuera desde el punto de vista de la gestión.
Conviene subrayar que las instituciones públicas pueden alentar, directa o indirectamente, esta concentración de superficies en una propiedad que, como he comentado, parece bastante deseable. Es preciso recordar que industrias en otros sectores reciben incentivos y ayudas para establecerse, o para continuar su producción en determinados terrenos, y nadie se escandaliza. En Galicia ha habido, y está habiendo, intentos para mitigar este problema, todos loables y, si no me equivoco, creo que los resultados aún son modestos. Otro caso que conviene resaltar es el de la colaboración público-privada que existía en ciertas choperas castellano-leonesas. Esta colaboración a través de consorcios consiguió unas dimensiones de la propiedad donde la gestión era más beneficiosa para los propietarios, ya que conseguían un mayor rendimiento económico y el precio de la madera subía: concentrar la propiedad había influido significativamente en el mercado. Sin embargo, apareció la nefasta mano de la política, y se decidió desde 2004 que un organismo público (CHD) no debía dedicarse a esa función. El resultado, además de las pérdidas de rentas evidentes, ha sido un apagón forestal motivado por la falta de madera de chopo e incluso la deslocalización de inversiones previstas. En definitiva, el sector público arruinó una opción de gestionar más eficientemente la oferta de tierras con vocación forestal en España
No obstante, el problema es que se percibe que no se fomenta este tipo de opciones, tanto orientadas a servicios de provisión como, repito, para otros servicios ecosistémicos. Para ser sincero, creo más bien que el Gobierno las desanima, bien sea con sus omisiones, o bien con algunas de sus acciones. La última, referida a la prohibición de choperas en Castilla y León, se puede calificar de dislate mayúsculo e invalida todo el pedante discurso oficial sobre el apoyo a la circularidad, la bioeconomía y la utilización de la madera. No resulta extraño que en ciertos ambientes se conozca al Ministerio de Transición Ecológica (MITERD), responsable de estos descalabros, como MInisterio del Totalitarismo Ecologista y la Ruina Demográfica.
