Biodiversity loss and deforestation are increasingly recognized as systemic economic risks. Agarwala et al. (2026)
Aunque en los últimos años se están familiarizando conceptos como “créditos/compensaciones de biodiversidad” o “mercados de biodiversidad”, es preciso comenzar esta entrada resaltando que la conjunción de intangibles como la biodiversidad y los conceptos económicos presenta una historia más dilatada, como lo atestiguan algunas publicaciones. Sin embargo, en los últimos años se están popularizando las nociones arriba reseñadas debido, entre otros motivos, a las exigencias normativas de diferente índole y al impulso que ha suscitado este tipo de iniciativas en el sector privado. En esta entrada comentaré muy sucintamente algunos aspectos de estos mercados, pero me interesa aclarar desde el principio que me referiré exclusivamente a las ganancias de biodiversidad asociadas a ciertos proyectos que se pueden transaccionar en mercados dispuestos a tal fin (créditos de biodiversidad) y no las compensaciones de la biodiversidad perdida a través de acciones que puedan mitigar el daño causado. Obviamente, estas compensaciones se intenta que se produzcan a una escala local, es decir, lo más cerca posible de donde se ha producido el daño, aunque a veces esto no es posible y dichas compensaciones se producen lejos del caso de estudio, poniendo en duda su desempeño. Rescatando una definición bastante completa, un crédito de biodiversidad sería un certificado cuyo objetivo es representar una unidad, medida y basada en pruebas, de un resultado adicional en materia de biodiversidad que se suma a lo que habría ocurrido sin otro tipo de intervención.
Por poner en contexto, como ya he comentado, conviene insistir en que las relaciones entre los aspectos relacionados con la biodiversidad y la economía se han expandido notablemente en las últimas décadas (p.ej., el muy citado y poco leído en su totalidad libro de Dasgupta). Ese mismo auge lo están experimentando mecanismos específicos de mercado con su vinculación con servicios ecosistémicos que no son de provisión. La idea básica que subyace a las diferentes propuestas que han surgido para hibridar la biodiversidad con conceptos económicos es que la oferta de diversos servicios ecosistémicos que proporcionan biomas como los bosques incluye a un amplio conjunto de bienes y servicios que se suelen definir como externalidadespositivas y, como tales, no poseen un precio de mercado. La teoría económica clásica nos dice que la ausencia de estos precios provoca un fallo de mercado que impide una correcta asignación de recursos, no sólo atendiendo a distintos objetivos de la gestión forestal (producción, conservación, etc.), sino también a la hora de integrar dichos servicios ecosistémicos en los proyectos de ordenación de sistemas forestales, si nos referimos a este tipo de biomas. Por otro lado, la ausencia de precios también podría provocar disfunciones entre sistemas forestales y otros usos del suelo (deforestación). Dicho de otra forma, la biodiversidad puede considerarse un bien público ya que, generalmente, no se puede impedir que las personas de su disfrute (no exclusión), y el hecho de que una persona disfrute de la biodiversidad no impide que otro ciudadano lo haga (no rivalidad). Estas características propias de los bienes públicos causan, como acabo de comentar, un fallo de mercado, por lo que es necesario diseñar herramientas para soslayar este problema. Los mercados de biodiversidad, juiciosamente diseñados, pueden ser una alternativa válida. Por último, debo precisar que a veces sí que la biodiversidad se puede convertir en un bien privado (p. ej., el ecoturismo), y en ese caso el análisis económico es similar a otro bien de mercado.
Entre los diferentes mecanismos existentes, quizá los más conocidos sean los pagos por los servicios ecosistémicos (PES) que llevan implícito un acuerdo entre compradores y vendedores de un determinado servicio ecosistémico. Existen muchos ejemplos, desde los famosos pagos por servicios ambientales muy extendidos en algunos países hasta los mercados voluntarios. Aquí los más desarrollados son los relativos al carbono, aunque ya empiezan a desarrollarse, habitualmente a su imagen y semejanza, los de biodiversidad. Así, cuando un promotor intenta vender créditos de biodiversidad para transaccionarlos en este tipo de mercados, debería cumplir las condiciones habituales que se requieren en los mercados de carbono una vez fijada la línea base y el horizonte temporal: transparencia, adicionalidad, permanencia y riesgo de fugas. Además, deberían cumplir los requisitos impuestos por algún determinado estándar que verifique las características de dichos créditos y definir si se verifican ex ante o ex post. Los mercados voluntarios de biodiversidad ya son una realidad en diversas partes del mundo y se pueden contabilizar al menos 34 iniciativas, aunque la superficie total que abarcan se puede calificar aún de modesta. Conviene aclarar que estos no son los únicos mercados donde se pueden transaccionar estos créditos. Existen otros donde, en mayor o menor medida, interviene el sector público y se asimilan bien a mercados regulados, bien a mercados voluntarios con reglas firmes impuestas por el gobierno en cuestión. Más adelante se hará referencia a ejemplos en esta línea. Además, es preciso recordar que a veces los sistemas utilizados integran más de un servicio ecosistémico de regulación (p. ej., carbono y biodiversidad) y que en otras ocasiones se denominan “créditos de la naturaleza”.
Sin embargo, si se comparan los mercados de biodiversidad con los de carbono es preciso resaltar una diferencia muy notable, dejando a un lado la mayor madurez de los segundos. Mientras que en los mercados de carbono se transaccionan toneladas de un producto cuantificable y homogéneo (toneladas de CO2e), en el caso de la biodiversidad no se produce este hecho. Así, unas veces se toman como incrementos en la biodiversidad algunos indicadores con respecto a la línea base (p. ej., abundancia de especies, calidad del hábitat o el estado del ecosistema), pero se puede afirmar que no existe, a diferencia del caso del carbono, un indicador universalmente admitido cuyos incrementos se asocien en todos los casos a la existencia de créditos de biodiversidad y puedan, por lo tanto, transaccionarse en los mercados ya existentes. Sin embargo, se ha intentado sortear esta dificultad haciendo tangible la biodiversidad para estos fines mediante un conjunto de métricas ad hoc en cada caso, denominándose en muchas ocasiones “unidades de la naturaleza”. Así, parece que abundan los indicadores asociados a la composición de los biomas, a su diversidad funcional, pero escasean indicadores asociados a la diversidad genética. De ello se deduce directamente que esta complejidad intrínseca asociada a la biodiversidad puede alertar del riesgo de compensar con créditos la biodiversidad perdida en ubicaciones diferentes. A pesar de este problema, existen estándares que permiten la comparación de la biodiversidad entre ecosistemas diferentes, mientras que otros definen una batería de indicadores adaptados a un determinado bioma o país. Por último, parece razonable suponer que ciertos costes necesarios en estos mercados (p.ej., los de verificación) son más elevados en el caso de la biodiversidad que en el del carbono por las dificultades anteriormente señaladas a la hora de su cuantificación.
No obstante, no sólo existen mercados voluntarios relacionados con los créditos de biodiversidad. También existen otros mercados regulados donde se deben cumplir unas normas concretas a nivel estatal. Y, como suele ocurrir, donde hay blancos y negros, hay grises. Es decir, hay soluciones intermedias. Dado que a estas alturas conviene ilustrar lo aquí expuesto con relación a los créditos de biodiversidad con algún ejemplo real, me he decantado por una iniciativa muy interesante (y regulada) que se ha desarrollado en el Reino Unido con el nombre de “Biodiversity Net Gain” (BNG). En síntesis, esta norma, obligatoria desde 2024, obliga a que proyectos de tipo ambiental o incluso urbanístico que sean autorizados presenten un plan donde se comprometen a aumentar la biodiversidad en al menos un 10% en los próximos 30 años y en superficies mayores de 0,2ha. La biodiversidad es medida, según un procedimiento estandarizado, y ello supone que se puede evaluar cuánta biodiversidad se pierde en un determinado proyecto (estando el promotor obligado a compensar esta pérdida y el 10% adicional) o cuánta se puede ganar con las medidas indicadas a partir de una determinada línea base. Volviendo a dicho procedimiento para el cálculo de la biodiversidad y su variación en el tiempo, existen varias herramientas según la tipología del caso de estudio (pastizales, bosques, ríos, lagos, etc.).
Explicar esta herramienta en detalle llevaría un espacio que desvirtuaría el resto de la entrada, pero conviene resaltar algunos puntos. El primero es que cada unidad de biodiversidad no implica que se refiera a una hectárea. La superficie es un factor a tener en cuenta, pero dichas unidades se pueden referir también a setos, cursos de agua, donde coexisten otras métricas no superficiales. También conviene resaltar que se pueden comprar o vender fracciones de un crédito, lo que equivale a fracciones de una unidad de biodiversidad. Otro aspecto interesante es que, en la práctica, se distinguen tres tipos de créditos. El primero, se refiere al coste que le supone al promotor mejorar el proyecto para alcanzar ese 10% y, lógicamente, no hay un mercado al respecto. En el segundo ya un mercado libre entre compradores y vendedores y viene determinado porque un promotor tiene la necesidad de adquirir dichos créditos para cumplir con la normativa. Sin embargo, el último tipo de crédito es el más interesante: lo fija el estado (“statutory biodiversity credit”) y es el último recurso al que pueden acudir los promotores cuando les han sido insuficientes las dos vías anteriores. Se trataría de comprárselos al Estado, al precio que decide (se revisan cada seis meses) y estos precios son mucho más caros que los vinculados a acuerdos voluntarios entre compradores y vendedores. Aunque no tienen puntos de encuentro metodológicos, sí que estos precios por crédito tan elevados (p.ej., de 48.000 a 125.000 £ en sistemas forestales) serían consistentes con la política de apostar por definir y medir el capital natural en este país. Como he comentado en alguna otra entrada, existe una valoración completa referida al año 2022.
En definitiva, con este ejemplo inglés se muestra una solución que aúna distintos tipos de créditos y con diferente participación privada y pública. No hecho una revisión exhaustiva, pero parece que cada país busca su propia solución al respecto. Así, en Francia se ha publicado un mecanismo reciente (“France Crédits Biodiversité”), menos ambicioso, a mi juicio, que el sistema británico, pero responde a la lógica de un mercado de créditos de biodiversidad. Llama la atención que no se ha estandarizado la herramienta para medir ganancias o pérdidas de biodiversidad (no existe una métrica única) y no hay un equivalente a los créditos que sólo se pueden comprar al Estado y que sí figuran en el BNG del Reino Unido. En el caso de España, si las instancias responsables no han sido capaces de instaurar, a nivel nacional, un mercado de créditos de carbono homologable, veo complicado que se siga esta línea, salvo que la UE fomente este tipo de soluciones. Por último, no quisiera finalizar esta entrada sin mencionar una reciente conclusión de un trabajo que analiza los créditos de biodiversidad en bosques europeos con objetivos de producción. Según estos autores, este tipo de sistemas forestales están bien posicionados para acoger créditos de biodiversidad para la conservación y restauración.
