“Poner precio al carbono hace que sea cada vez más insostenible almacenar los trapos sucios”. Paula Diperna (2023): Pricing the priceless.
En los últimos tiempos se está observando un incremento de las críticas hacia algunos mecanismos que intentan otorgar un valor de mercado a ciertos servicios ecosistémicos que, a priori, no está estimado, y que pueden ser vehículos para que ciertos agentes económicos (empresas, gobiernos, etc.) cumplan ciertos compromisos ambientales. Habitualmente, muchas de estas críticas tienen que ver con fenómenos de ”greenwashing”, y, a mi juicio se suele descontextualizar para incidir en aspectos que para algunos son intrínsecamente molestos. En efecto, todo lo que lleve palabras como “mercado”, “unidades monetarias”, “finanzas”, etc., causan un hondo e irracional repelús ya que, según sus ideas, su mera inclusión en el análisis mancilla la oferta de algunos servicios ecosistémicos asociados, por ejemplo, a un sistema forestal. Dejando a un lado este abominable sectarismo, es preciso recordar que recientes informes afirman que, en general, las ayudas a países en desarrollo con relación a medidas para mitigar el cambio climático presentan problemas, al menos de equidad, con lo que se infiere que el conjunto de instrumentos de mercado que se están aplicando para atajar estos desafíos no es ni mucho menos perfecto, y no sólo los mercados de carbono suscitan críticas. Por otro lado, conviene resaltar que algunos países como los Estados Unidos ya intentan corregir estas debilidades de algunos mercados voluntarios a través de recientes documentos oficiales. El descenso acusado (56%) que han sufrido los créditos vinculados en todos los mercados voluntarios en el año 2023 (dentro de ellos, en mayor medida los relacionados con los sistemas forestales) justificaría este tipo de acciones.
Por desgracia, se está utilizando esta corriente para desacreditar una alternativa, que puede ser válida si se plantea correctamente, utilizando, y perdón por la insistencia, argumentos que escapan a la lógica económica. Conviene recordar que utilizar este tipo de incentivos para mitigar el cambio climático y/o favorecer la conservación de la biodiversidad es una solución pragmática y que se explica en cualquier libro básico de economía ambiental. Sin embargo, cuando se habla de este tipo de mercados existen pocos servicios ecosistémicos (habitualmente sólo de provisión) que dispongan de uno bien desarrollado. Es decir, no existen señales evidentes que puedan servir de comparación entre el valor que puedan atesorar los diferentes servicios ecosistémicos vinculados a un determinado sistema forestal. Así, el carbono y, en menor medida, la conservación de la biodiversidad pudieran ser los ejemplos más claros si nos centramos en servicios ecosistémicos de regulación.
Por otro lado, que sea una solución aceptable no implica que en su desarrollo no existan desajustes o problemas. Esta circunstancia puede ocurrir con cualquier producto innovador que llega al mercado (además de lo arriba expuesto, los proyectos REDD+ son un buen ejemplo de lo que estoy comentando), o con cualquier ayuda o subvención a un determinado sector donde, al cabo de un tiempo, se comprueba que no cumple los objetivos iniciales. En definitiva, pueden existir disfunciones, pero ello no implica que se prohíban las subvenciones ni que se deje de intentar articular otras medidas para ayudar a aquellos colectivos hipotéticamente necesitados. Pues bien, parece que, aprovechando ciertos problemas de malas praxis que están surgiendo con intermediarios y otros stakeholders implicados, algunos, con sospechosas intenciones,pretenden desacreditar estos mercados, con el potencial prejuicio que puede ocasionar a muchos propietarios rurales. Suprimir el greenwashing no debe implicar mutilar estos mercados. Y como esto es algo que casi siempre se suele olvidar, conviene resaltar algunos hechos al respecto, partiendo de la base que la información a veces es imperfecta, y los propietarios pueden infravalorar el valor de los créditos, circunstancia muy beneficiosa para los agentes económicos que se decidan a comprarlos.
La propiedad se enfrenta a un conjunto de problemas estructurales que se siguen sin atajar convenientemente. En primer lugar, cualquier predio forestal (incluyendo las forestaciones al albur del comercio de créditos de carbono) produce, a lo largo de su vida, un conjunto de servicios ecosistémicos que, hasta la fecha, la sociedad no es capaz de valorar adecuadamente de forma monetaria. Además, en muchas ocasiones, no se reconoce adecuadamente la propiedad del recurso, lo que conduce a situaciones poco deseables. Desde el lado de la oferta también se apuntan otros problemas de gestión que no están convenientemente reconocidos: se exige un plan de gestión diferente para cada servicio ecosistémico (caza, madera, carbono…), un certificador, si se opta por esta vía, también distinto en muchos casos, además de otros intermediarios que se encarguen de vender potenciales créditos asociados a dichos servicios ecosistémicos. Es decir, todo está montado para que los costes de transacción (la mayoría de ellos abonados por la propiedad) se incrementen de forma exagerada e ineficiente. Pero, aún con todos estos problemas, vamos a suponer que la existencia de mercados que intercambien esos créditos sea una solución viable. Aquí surgen problemas que chocan con la mentalidad de cualquier propietario. Si esos créditos tienen un horizonte de ejecución marcado, debería pensarse en la gestión más allá de ese plazo, cosa que ahora no ocurre. Dicho de otra forma, resulta absurdo fomentar estos créditos como adalid de una gestión multifuncional, que promueve diferentes servicios ecosistémicos cuando, en la realidad, en los próximos 30 o 50 años sólo se realiza el manejo forestal optimizando sólo uno de ellos. Esta contradicción aparece en las normativas existentes sin presentar, hasta la fecha, visos de rectificarse.
La cuestión que se debería explorar es la existencia de créditos que abarquen más de un servicio ecosistémico y que sean compatibles con la gestión necesaria en toda masa forestal. Es decir, no se trata de imponer que cualquier masa forestal procedente sólo de forestaciones (ya que se siguen obviando alternativas demandadas por los propietarios como puede ser el IFM) sea sólo manejada en función de un determinado servicio ecosistémico o, como algunos pretenden, que todo ello derive en aspectos como la no gestión. Por otro lado, conviene resaltar que todo ello ni mucho menos es una tarea sencilla. Mas bien al contrario, se trata de un reto de altísimo nivel, empezando por definir los trade-offs admisibles para cada servicio ecosistémico y continuando por aspectos de carácter técnico que me imagino aparecerán en las normativas (a nivel europeo, nacional y autonómico) que se esperan para los próximos meses. Sería deseable, dado que en nuestro país la superficie que se ha acogido tanto al mercado regulado español como a los voluntarios es todavía muy reducida, que estas nuevas normas tuvieran en cuenta estos aspectos. Y siguiendo con los legítimos deseos, también sería muy recomendable que se dispusiera de una cuantificación en términos económicos de todos los servicios ecosistémicos a nivel nacional para que todos los actores dispongan de informaciones pertinentes al respecto. En esta línea, una valoración económica vinculada al próximo Inventario Forestal Nacional que proporcione valores para cada tesela del Mapa Forestal Español resulta, más que nunca, imprescindible.
