Entre los múltiples acuerdos derivados de las continuas reuniones a nivel supracional para, entre otros objetivos, corregir el aumento de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), creo que el programa REDD + es el que más desapercibido está pasando en nuestro país. Dada su directa vinculación con los sistemas forestales, este hecho se puede valorar como el de una oportunidad perdida, a pesar de que hace unos años, cuando inició su andadura, en España se percibía un interés por parte de distintos ámbitos para subirse a esta, por entonces, novedosa iniciativa.
Este programa (REDD es el acrónimo de Reducción de Emisiones provenientes de la Deforestación y la Degradación de los bosques) vincula el apoyo internacional de países incluidos en el Anexo I del Protocolo de Kyoto (países desarrollados que acordaron reducir sus emisiones) con acciones locales en países en desarrollo para planificar medidas que detengan la emisión de GEI procedentes de la deforestación y/o conserven reservorios de carbono existentes en sistemas forestales. Todo ello (de ahí el símbolo “+”) vinculado con medidas que propugnan el desarrollo rural y la prosperidad de los habitantes de las zonas objeto de estos proyectos. En resumen, este tipo de programas genera beneficios no sólo por el lado de la mitigación del cambio climático, sino también debido a que estas acciones poseen efectos positivos de cara a la conservación de la biodiversidad, a la propia adaptación al cambio climático y al desarrollo de las comunidades rurales en los países receptores de esta ayuda.
Hoy son más de 50 países en todo el mundo los que han comenzado etapas para lograr financiación procedente de estos fondos, y aunque al principio eran muy pocos los que habían conseguido armar tanto la infraestructura como las condiciones necesarias para cristalizar los proyectos a financiar, cada año aumenta el número de países beneficiados por este programa. A pesar de esta demanda, el 75% de la oferta de fondos actual se centra sólo en 4 países: Noruega y Japón y, después, a una gran distancia, Alemania y Estados Unidos. España no figura entre los diez primeros países y, buscando datos en las estadísticas oficiales, sólo he encontrado que en el año 2017 se donó un millón de euros a un fondo auspiciado por el Banco Mundial (FCPF). También he buceado en la web de la AECI, y en el año 2017 se destinaron 6,3 millones que se encajan en un ítem relacionado con el medio ambiente, pero no se singularizan aportes a este programa. Por último, las estadísticas de la Ayuda Oficial al Desarrollo computan una ayuda global en el año 2018 superior a los 2.500 millones de euros (entre todas las Administraciones, organismos, ONG’s, etc.), pero no he conseguido encontrar una partida específica a REDD+. Todo ello induce a pensar que dicha partida no es muy relevante.
Desconozco los criterios de reparto de estas cantidades, ni si subyacen criterios de eficiencia en el mismo, pero el título de esta entrada habla de oportunidad perdida porque este tipo de ayuda, debido a la naturaleza intrínseca de estos proyectos REDD+, podría convertirse en un yacimiento de empleo y especialización para egresados de, por ejemplo, las titulaciones forestales. Obviamente, no sólo de ellas, pero dado que elementos fundamentales de las distintas fases de un proyecto REDD+ lo constituyen aspecto como el inventario de sistemas forestales, la medición del carbono, procesos para combatir la degradación forestal, y un largo etcétera, no resulta muy aventurado concluir que encajarían muy bien con la formación recibida en estas titulaciones. Por ello igual habría que plantearse si en vez de donar dinero a, por ejemplo, organismos internacionales que se dediquen a estos proyectos, no merecería la pena concentrar esfuerzos en liderar acciones al respecto junto con otros países. Por otro lado, este tipo de ayudas a largo plazo, con costes de transacción elevados, con distintas especialidades y, a priori, recurrentes podrían servir para mejorar ámbitos de otros proyectos de ayuda a la cooperación y, de esta forma, consolidar el lado forestal en estas actuaciones. No se debe olvidar que una parte importante de los países candidatos a recibir estos fondos son los Latinoamericanos, y aquí se tendrían ventajas comparativas, aunque ya no es el mercado cautivo que algunos quieren ver.
En esta línea, uno mira con admiración el desempeño de agencias de otros países como la alemana (GIZ) que, además de intentar cumplir sus objetivos, producen externalidades positivas (ahora, “co-beneficios” en el vano lenguaje oficial) muy interesantes en forma de admisión de estudiantes, artículos de investigación y Tesis Doctorales realizadas. También la ayuda oficial holandesa prima la participación de instituciones universitarias en estos procesos interdisciplinarios, y estas políticas provocan al país donante, repito, un efecto multiplicador de los efectos que supone la citada ayuda. Podría ser un ejemplo que seguir en nuestro país, pero, en los tiempos actuales, caracterizados por un marcado “gretismo”, para ello tendría que primarse el conocimiento científico sobre otros mensajes, y los tiros, desde luego, no parecen ir en esa dirección.
