“When selecting offset sites, consideration must be given to possible “leakage” that occurs when an offset displaces pressure on biodiversity (e.g., deforestation or poaching) to another area” (Brownlie and Treweek, 2016)
Desde que se han popularizado los mercados de algunos servicios ecosistémicos (el del carbono es el ejemplo más claro), se asume que cualquier proyecto que pretenda participar en los mismos debería cumplir unos requisitos mínimos. Dos de los más conocidos son los de adicionalidad (es decir, que el nuevo proyecto genere cambios positivos que no se hubiesen producido en su ausencia) y el del riesgo de fugas (“leakage”). Este último se refiere a que las medidas que se adopten en un cierto territorio provoquen un desplazamiento de la demanda de productos forestales a otra zona, con lo que las ganancias no serían netas. Este problema, que afecta a todos los sectores de la economía asociados a medidas de reducción de gases de efecto invernadero, lleva vigente en la literatura desde hace décadas, pero me ha llamado la atención un muy reciente artículo publicado en la revista Science donde se refiere a las fugas no asociadas a la captura de carbono, sino a la provocada por la aplicación de medidas de conservación de la biodiversidad en ciertos territorios. La idea, fácil de entender, es que promover medidas de conservación en un determinado territorio puede provocar aumentos no previstos de demanda (por ejemplo, de madera) en otros lugares, por lo que las ganancias netas no serían tan elevadas… o incluso pudieran ser, en casos extremos, pérdidas de biodiversidad si nos centramos en una superficie mayor. Un ejemplo claro serían los efectos en países ajenos de la UE de la Estrategia Europea sobre Biodiversidad 2030, como destacan algunos autores.
Situando este problema en contexto, lo primero que cabe comentar es que parece de muy difícil solución en términos absolutos. Es decir, no se puede aspirar a acciones dirigidas a beneficiar ciertos servicios ecosistémicos no tengan impactos fuera de su área de acción ni tampoco a que todo pueda ser medido y reglado de forma cartesiana. Resulta muy sencillo comprobar cómo el impacto de diversas medidas en base a reducir la oferta suponen modificaciones en la demanda geográfica de diferentes bienes y servicios. Por poner un ejemplo, imponer una tasa turística unilateralmente (en un municipio o en una isla) supone reducir el número de visitantes, y que estos cambien de destino (se “fuguen”) a otros parajes. Por todo ello, medir simultáneamente aspectos como la huella de carbono de forma general, y las fugas anteriormente señaladas llevarían, en un caso extremo, a un sistema sin grados de libertad y donde no se incluirían efectos derivados del bienestar humano. En el artículo de Science anteriormente citado se concluye que la solución sería el descenso de la demanda de ciertos productos. No discuto dicha afirmación, pero no es una conclusión suficientemente precisa, sino más bien naif. Habría que especificar y concretar mucho más sobre qué tipo de demanda y dónde habría que reducirse, incluir medidas de incrementar la circularidad, etc. Este tipo de proclamas neomalthusianistas (ante cualquier problema la solución es siempre la misma: reducir la demanda, sin más) tiene el mismo recorrido que si en un congreso de fiscales se aduce que para mitigar un creciente número de delitos la solución es que se debe convencer a la población para que sean mejores personas.
Dejando a un lado estas posturas maximalistas, si este problema fuera tan capital llama la atención la ausencia de este problema en ciertas normativas relacionadas y de amplio y recorrido. Por ejemplo, a diferencia de los estándares de los mercados voluntarios de carbono (VCS, Gold Standard) donde es una condición sine qua non, en el RD de Huella de Carbono todavía vigente en España (proyectos de absorción de dióxido de carbono) no se cita explícitamente. Otro ejemplo en esta línea es el ya famoso Reglamento EUDR, donde no he visto que se mencione este problema, ni que las organizaciones más críticas con esta norma se hayan manifestado al respecto. Poniendo un caso extremo, reducir la deforestación en un país de riesgo alto puede aumentar ésta en otro país de riesgo bajo o estándar. Luego para evaluar o hacer balance del éxito de estas medidas habría que tener en cuenta estos efectos. Por no ser repetitivo, sin embargo, se debe resaltar que es muy habitual reflejar este problema en los proyectos REDD+, y que el reciente Reglamento Europeo sobre, entre otros temas, absorciones de carbono y carbonocultura (por cierto, horrible palabra), sí que lo recoge literalmente, aunque, como es lógico dada su temática, sólo centrado en el carbono.
Para la cuantificación de este problema, que convendrá en una medida mucho más exacta de las capturas de carbono, se necesita, en primer lugar, un conocimiento bastante exhaustivo de las cadenas de valor de todos los productos derivados de la madera, así como de la calidad y precisión de los controles aduaneros. La famosa frase según la cual “la madera, si hace falta, viene de dónde sea” sirve como ejemplo de situaciones donde la madera ilegal ha sido un recurso muy utilizado en ciertas ocasiones. Estas informaciones son, obviamente, necesarias pero no suficientes. Se requiere integrar en el análisis otras variables que permitan cuantificar este efecto. Y, aunque existen estudios clásicos a nivel país, lo suyo es que tengan un enfoque global utilizando conceptos propios del análisis económico, como los modelos de equilibrio general o cierto tipo de elasticidades. Análisis, por cierto, eliminado en la toma de decisiones de muchas políticas relacionadas con el medio ambiente, aunque se disfrazan con la palabra “bioeconomía”. Sin entrar en detalles técnicos, sólo quería aportar algún dato: un metaanálisis cifra las fugas promedio en el sector forestal en una cifra bastante elevada: un 39,6%. Es decir, se está sobrevalorando en esa cifra la mitigación estimada gracias a determinadas medidas orientadas al efecto. Por otro lado, sobre alguna de las medidas propuestas recientemente para aliviar este problema, como la reciente implantación en la UE de un impuesto en la frontera (“Carbon Border Adjustment Mechanisms”, CBAM) que grave productos intensivos en carbono producidos fuera de este espacio común en condiciones mucho más laxas de compromiso ambiental, obviamente no existen todavía resultados cuantitativos al respecto relacionados con el ámbito forestal. Y dado que esta tasa está quizá más orientada a empresas para que no deslocalicen su producción, las incertidumbres sobre el problema del “leakage” persisten.
Por último, quisiera resaltar un último aspecto y que tiene que ver con las consecuencias de promover restricciones a los aprovechamientos forestales y su impacto en la población local. Así, ciertas medidas justificadas por aspectos de conservación de los recursos naturales pueden provocar la “fuga” de una población local arraigada secularmente en el territorio. No me refiero a turistas ocasionales o accidentales, sino a actores fundamentales en la preservación de ciertos servicios ecosistémicos vinculados a la zona de estudio. ¿No sería por ello necesario evaluar también este tipo de fugas, cuando se promueven, con inusitada alegría y ligereza, medidas que expulsan a la población local del territorio? ¿Es que esos ciudadanos tienen menos derechos que bisontes, castores y demás iconos del «rewilding» más anacrónico? Me parece que debería ser un tema del que se debería ocupar con más ahínco una verdadera política de impulso demográfico.
