La perseguida invisibilidad de lo forestal

“One of the strengths of forests in the United States is the diversity of people who own them”. T.J. McEvoy: Owing and Managing Forests (2005)

Comprendo que el título de esta entrada puede extrañar a más de uno, así que me aventuro inicialmente a contextualizar con algunas cifras algunos aspectos del sector forestal en España. Lo primero que quisiera destacar es que, dejando a un lado los pastos por la dificultad en cuanto a su asignación, la superficie arbolada se acerca a los 20 millones de hectáreas, y es mayor que la superficie considerada como tierras de cultivo (16,6 millones de hectáreas). A pesar de esta mayor importancia superficial, lo llamado “forestal” sufre una, a mi juicio, marginación tanto en las estadísticas oficiales, como en otros aspectos, según se mostrará a continuación. Como es lógico colegir, esta marginación no ayuda a su visibilidad. 

El primer paso sería que lo forestal tuviera una entidad propia, bien por separado (lo ideal), o, en el caso que se agregue con otros sectores, se incluya en su totalidad y con todas las consecuencias. Por ejemplo, hay un concepto que tradicionalmente se ha utilizado para el sector rural y que comprende la agricultura, la ganadería y lo forestal. Agrario es dicha palabra, y, por desgracia, no se utiliza de esta forma coherente ni integradora. Uno de los ejemplos más claros lo tenemos en un instrumento básico para recopilar informaciones de la agricultura y la ganadería: el llamado censo agrario. Aquí se obvia lo forestal, y sólo aparece de forma tangencial al aparecer lo que sería una estimación de la intersección entre lo agrícola y lo forestal. Dicha intersección es obvia y natural porque existen agricultores propietarios de tierras forestales (y viceversa, claro). El caso es que dicho censo nos dice que el 7,4% de la superficie contabilizada es forestal, y que el 12% de las más de 900.000 explotaciones poseen terrenos forestales. El problema es que no hay un censo de explotaciones forestales, como sí lo hay de explotaciones agrícolas y ganaderas, a pesar de denominarse “censo agrario”. Su necesidad es prioritaria no sólo porque constituye una variable clave para promover políticas en el sector, sino porque este censo se ha pensado teniendo en cuenta un solo tipo de servicios ecosistémicos, y no todo el conjunto que suele ofrecer un predio forestal y que suele ser mucho más amplio que en predios agrícolas o ganaderos. Si se apuesta por promover una multifuncionalidad asociada a la oferta de servicios ecosistémicos en el ámbito forestal, hay que contar con la propiedad, y el primer paso es conocerla. Sin un censo forestal de este tipo, todo es más complicado, pero igual eso es lo que se pretende para profundizar en la idea de invisibilidad arriba mencionada. Para incrementar la entropía, para otras variables el censo agrario sí engloba lo forestal dentro de lo agrario, y si nos vamos a otras instancias de la Administración como la Dirección General del Catastro, ahí sí que se diferencia entre lo agrícola, lo forestal y lo agroforestal.

Debe quedar claro que no se pretende criticar ni a las estadísticas agrícola y ganadera ni a dichos sectores, pero las comparaciones en este campo son muy elocuentes. Ya no es que exista un censo de propietarios forestales, sino que ni siquiera he encontrado un censo de propietarios adscritos a las asociaciones de forestalistas en España. Seguro que alguna cosa habré hecho mal. En definitiva, no se reivindica la existencia de estadísticas como las de los Estados Unidos donde hasta exhiben contabilizados y mapeados los propietarios extranjeros de sus tierras forestales, sino conocer cuántos propietarios forestales existen actualmente y algunas de sus características (tamaño, tipología, etc.). Creo que no es pedir demasiado si ya es posible, por ejemplo, conocer el censo de perros y gatos que hay en España. 

Tangencialmente a esto, sí que existen datos agregados de naturaleza fiscal donde se habla, en el ámbito forestal, no de propietarios, sino de empresarios (33.704 de los cuales 22.893 se hallan en Galicia). Sin duda es una cifra muy reducida frente a los más de 638.000 empresarios agrícolas, pero más cercana a los empresarios ganaderos ( más de 74.000 empresarios). Por otro lado, la DG de Catastro habla de que el 19,7% de la superficie rústica pertenece a la categoría de especies maderables, y atesoran el 7,2% del valor catastral. Ya que se habla de esta fuente, conviene señalar que los informes de los últimos años se aportan valores catastrales (€/ha) de cinco categorías de terrenos forestales. Por cierto, estos datos, que me parecen relevantes, nunca se incluyen en el llamado Anuario de Estadísticas Forestales, al igual que ocurre con otros que he señalado en entradas anteriores. En resumen, se se ha decidido que sólo se incluyan los datos primarios que se han generado desde el propio Ministerio y, a pesar de que nos encontramos en una época caracterizada por bases de datos, inteligencia artificial, etc., no se ha querido hacer un mínimo esfuerzo de agrupar todas las estadísticas de organismos públicos que afectan al sector forestal. Por ello, sugeriría, con todo el respeto, que se corrigieran estas deficiencias. Obviamente, esta dispersión de estadísticas oficiales no ayuda a la visibilidad de este sector. 

Por otro lado, creo que dispersión de lo forestal existente entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y el Ministerio de Transición Ecológica (MITERD) tampoco favorece la visibilidad del sector forestal. Es conocido que de la Política Agraria Común se derivan objetivos generales a través de organismos como el FEADER muy vinculados a los sistemas forestales. Esos objetivos se articulan en medidas que alguna de ellas es claramente forestal (M08) y que es la segunda con más presupuesto (1.680 millones de euros). Ya sólo este motivo, por sí mismo, justificaría disponer de un censo de propietarios. En definitiva, el sector anda repartido entre (al menos) dos Ministerios, siempre siendo el segundo o tercer plato, y esto tampoco es lo mejor para reflejar la importancia y aumentar la visibilidad de este sector. Existen muchos más ejemplos, pero voy a señalar dos, anecdóticos y muy recientes. El primero tiene que ver con una disposición de la Comunidad Valenciana donde se afirma que una plantación trufera catalogada como forestal, pierde esa categoría y pasa a ser agrícola cuando empieza a producir trufa. Es más, se dice que es “agrícola temporal” y al cesar la producción pasa a ser forestal. Esta volatilidad de asignaciones para una misma actividad económica creo que es algo bastante extravagante. Con independencia de otras consideraciones, se da la falsa imagen que lo que produce dinero no puede ser forestal, lo que tampoco ayuda a su visibilidad. El segundo ejemplo es un informe sobre economía circular, encargado por el propio MITERD, donde se excluye casi por completo a lo forestal dentro del paraguas de la economía circular. Si no me he equivocado, la única referencia al respecto menciona, medio de tapadillo, el lyocell, supongo que para alegría de Altri. Sin embargo, que la bioeconomía forestal no se asocie a la circularidad en documentos auspiciados justo desde ese Ministerio no deja de ser relevante. Y me parece que este tipo de decisiones tampoco ayuda a incrementar la visibilidad del sector. 

Con todo lo expuesto, uno puede pensar que tantas coincidencias en la misma dirección no son casuales, sino causales. Parece claro que no interesa un sector forestal cohesionado, más fuerte y conocido por la sociedad. Dejando a un lado que también hay un porcentaje de culpa endógena (a mi juicio, no se ha sabido competir con otros sectores y otras profesiones), un sector desconocido con relación a aspectos clave, donde se fomenta un absoluto minifundismo en todos los órdenes (superficial, asociativo, empresarial e industrial), donde, a la vez, se distribuyen competencias entre demasiadas Administraciones y entes y donde, salvo en contadas excepciones, no se permite que los propietarios internalicen diferentes externalidades positivas (servicios ecosistémicos de regulación y culturales) está condenado a un sombrío futuro. 

Y esto nos lleva a la pregunta que subyace: ¿por qué toda esta sucesión de eslabones en la misma cadena? La respuesta, a mi juicio, está vinculada a un problema de fondo: el reparto de derechos de propiedad entre la propiedad forestal y la sociedad con la incorporación en la toma de decisiones de un amplio conjunto de servicios ecosistémicos. Las reglas formales vinculadas a estos derechos son imprescindibles, siempre que se cumplan. En esta nueva dinámica se supone que la propiedad, de alguna manera, verá modificados ciertos derechos de propiedad, pero debiera mantener un principio claro de compensación ante la pérdida de estos. Obviamente, si se hace todo lo posible para invisibilizar la propiedad, para que esté fragmentada, para imponerle todo tipo de trabas, normativas e impedimentos para la gestión, para obligarle a una fiscalidad basada en un único servicio ecosistémico, mientras la presencia de otros condiciona su actividad, para no permitirle una compensación justa por externalidades negativas causadas por fomentar otras externalidades positivas (véase el caso del lobo), pues ese conjunto de derechos de propiedad se van erosionando al imponerse medidas arbitrarias al respecto. En definitiva, todo se va diluyendo, difuminando, despoblando, erosionando derechos de propiedad. Parece claro que si este fuera el objetivo los resultados son prometedores, a tenor de la evaluación de las estadísticas de población en zonas rurales. El problema es que sin propietarios ni gente que esté todo el año en los montes, los sistemas forestales evolucionarán hacia unas estructuras que, en general, me temo que van a ser desconocidas, mucho más frágiles y donde la agregación de los valores asociados a los distintos servicios ecosistémicos presentes en un sistema forestal va a decaer. Lo que desconozco es si todo esto constituye lo que algunos denominan transición ecológica.