“Todos los intentos de reformas parciales —y hubo muchos— fracasaron, uno tras otro. El país había perdido el rumbo. Era imposible seguir viviendo así. Todo tenía que cambiar radicalmente”: Mikhail S. Gorbachev, discurso de despedida (1991).
Uno de los efectos colaterales de la última gran ola de incendios de agosto han sido las propuestas sobre Pactos de Estado de diverso tipo, según los proponentes, y sobre los que afirman contener bondades para evitar o mitigar futuras catástrofes provocadas por fuegos incontrolados. Y, en efecto, estoy convencido que hace falta un gran acuerdo (llámese pacto de estado, nuevo contrato social o como se quiera) para preservar el capital natural y optimizar la oferta de servicios ecosistémicos que realizan las tierras de naturaleza forestal en España mostrando un especial hincapié en respetar y apoyar a la propiedad forestal (véase el art. 33 de la Constitución Española), pero incluyendo, obviamente, a diferentes instituciones y stakeholders. Por otro lado, conviene recordar algo que, por extremadamente simple, no resulta baladí: se estaría hablando de más 28,5 millones de hectáreas del territorio. Desgraciadamente, esta vasta superficie les parece habitualmente, siendo muy benévolo, muy poco importante o interesante a muchos, pero cuando se producen los malhadados incendios, a algunos se les llena la boca hablando de hectáreas quemadas. Es decir, parece que las unidades superficiales que ocupan los sistemas forestales sólo importan cuando hay adversidades: si no se quema, es como si no existieran.
Sin embargo, creo que este tipo de hipotéticos o utópicos acuerdos nacerían ya directamente en la UCI si no se acompaña con una dotación económica para realizar actuaciones relacionadas con la gestión forestal: restauración de zonas afectadas, selvicultura apropiada para los nuevos contextos, fomentar la gestión forestal a niveles más agregados que el de la propiedad, integración real de diversos servicios ecosistémicos en la gestión forestal real de muchos sistemas forestales, y un largo etcétera. Y sobre ello quería hablar. Creo que, aplicando razonamientos homólogos en muchas medidas de adaptación y mitigación del cambio climático, los sistemas forestales deberían ser retribuidos anualmente de cifras monetarias elevadas, como trataré de mostrar a continuación, y que son sistemática e impúdicamente hurtadas por parte de la Administración. Esta consideración debiera ser previa a cualquier pacto o similar.
Ante el problema del profusión de emisiones de gases de efecto invernadero, los gobiernos poseen una batería de opciones para intentar reducir este exceso, bien por el lado de la oferta (impuestos, multas, etc.) o bien por el lado de la demanda (incentivando energías limpias, subvencionando programas que descarbonicen productos, procesos y servicios, apoyando las soluciones basadas en la naturaleza, etc.). Con independencia de la medida elegida, existe un común denominador en todas ellas: se ha imputado un precio a la tonelada de carbono objeto de estudio. Por ejemplo, si una empresa del sector industrial apuesta por modernizar sus instalaciones y reduce sus emisiones más allá de lo que le exige la norma, puede vender ese exceso en el mercado EU-ETS, donde se las pagarán a un cifra que, a día de hoy, supera los 70€/t. Lógicamente, si no es capaz de reducir las emisiones, pagará esa misma cantidad como castigo por incumplir esa obligación. Por otro lado, si se decide lanzar líneas de subvenciones para electrificar, por ejemplo, el parque automovilístico o mejorar la eficiencia energética de las viviendas, los consumidores recibirán unas ayudas. Haciendo un cálculo muy preliminar, si se divide el total de esas subvenciones por las toneladas de carbono evitadas, se podría obtener un precio implícito de cada tonelada de carbono. No he encontrado una estadística oficial al respecto, pero, realizando cálculos muy conservadores, dichos precios implícitos pueden superar fácilmente los 100€/t. Por último, y por no realizar una enumeración muy prolija, tenemos otro ejemplo muy claro de cómo se retribuye la captura y almacenamiento durante un período de tiempo fijado de antemano en los mercados de carbono, bien sea a través del registro nacional de proyectos de absorción o con los mercados a nivel internacional. Aunque, por desgracia, en el caso del registro a nivel nacional se han cuidado de no publicar el precio del carbono asociado de cada proyecto, no resulta descabellado tomar un valor medio de 20€/t. Como se puede comprobar, no existe un valor único y constante en todas las actuaciones aquí reseñadas, pero sí que se produce un hecho incontestable: el precio de cada tonelada de carbono considerada nunca es cero.
Si nos vamos al Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero de marzo de este año, nos podemos encontrar con la tabla que he copiado a continuación, y que se corresponde al epígrafe LULUCF (uso de la tierra, cambios de usos de la tierra y selvicultura). Si por simplificar el análisis nos centramos únicamente en el epígrafe “Tierras Forestales”, se puede apreciar que contribuye positivamente a este inventario (aparece con signo negativo en dicha tabla porque reduce las emisiones totales) en unas cantidades anuales que superan los 45 millones de toneladas de CO2eq. Tomando el promedio entre 2018 y 2023, el carbono capturado ascendería a 46,5 millones de toneladas anuales. Llegados a este punto conviene advertir que esta captura se corresponde exclusivamente a nuevas plantaciones a partir del año 1990. Desgraciadamente no existe (o yo no lo conozco) un registro público y de fácil acceso que permita conocer donde se encuentran y a qué especies nos estamos refiriendo, aunque alguna parece fácil de adivinar.
La única certeza radica en que a los propietarios de dichas plantaciones se les ha expropiado de facto la monetización de este servicio ecosistémico, y que el precio al que se ha valorado es de cero euros. Es decir, no reciben dinero por esta solución próxima a la naturaleza, figura tan invocada en tantos foros de cambio climático. De esta realidad surgen preguntas de forma inmediata: dado que algunas luminarias suelen invocar a un abstracto llamado “la sociedad” a la hora de justificar sus acciones, ¿la sociedad valora la captura que realizan estas masas forestales con un precio de cero euros por cada tonelada de carbono? Si es así, rogaría me indicaran el estudio donde se basan para justificar esta aberración, porque muchos trabajos que existen a nivel internacional no opinan lo mismo. La segunda pregunta sería si en el “Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática” van a seguir manteniendo esta discriminación. Ya anticipo que en el documento que se ha difundido no se atisba cambio alguno en la dirección arriba mostrada. Por cierto, también hay otra figura ya recogida en el Protocolo de Kyoto y que afectaría a todas las masas forestales, procedan o no de plantaciones, que sería la “Gestión Forestal Mejorada” (IFM en inglés). Los propietarios tampoco pueden acogerse a ella porque así se ha decidido hasta ahora. Es decir, otro ejemplo de solución basada en la naturaleza que afecta directamente a los sistemas forestales y a su gestión y que no se ha querido implantar.
Las informaciones anteriormente expuestas (conviene recordar que la cifra que he mostrado es un valor neto y en ella estarían incluidas las emisiones provocadas por incendios) permiten multiplicar y computar convenientemente los millones de toneladas de carbono por el precio que cada uno estime conveniente. Este producto da como resultado unas cifras muy elevadas, incluso con el precio más bajo que he apuntado anteriormente, y son una muestra adicional de cómo las llamadas “tierras forestales” es decir, millones de hectáreas, han estado hasta ahora manifiestamente discriminadas, y, como se infiere de lo arriba expuesto, deliberadamente infrafinanciadas con respecto a otros sectores. Dicho de otra forma, cada vez que se aprueba una subvención que atañe medidas que fomenten la descarbonización, hay propietarios forestales que están viendo cómo ellos financian estas medidas con sus impuestos, pero la captura que realizan sus plantaciones son sistemáticamente marginadas, salvo en el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, donde lucen pomposamente.
Este tipo de discriminaciones no son la excepción, sino la regla, como he apuntado en otras entradas de este blog. Y conviene apuntar que las hipotéticas cantidades a las que me he referido se refieren tan sólo a un servicio ecosistémico de regulación. Faltaría por incluir en el análisis lo que la sociedad debería retribuir a la propiedad forestal por los otros servicios ecosistémicos que está proporcionando. Y, ojalá me equivoque, análisis que me temo se va a hurtar en el próximo Inventario Forestal Nacional, con lo que otra medida a proponer en ese hipotético acuerdo debiera ser la correcta cuantificación de todos los servicios ecosistémicos que proporcionan los sistemas forestales a nivel nacional. Si se obvian estas cuestiones me temo que se volverá a hablar de otra oportunidad perdida. Por último, quiero insistir en que si estos atropellos se hayan permitido, e incluso estimulado hasta ahora por razones espurias y nunca bien explicadas, ello no debe suponer que nos encontramos ante un hecho consumado e inamovible.
