Resulta pertinente comentar una situación que se lleva produciendo desde hace unos cuantos años, y que tiene que ver con la poca visibilidad que la absorción de CO2 en tierras forestales presenta en los documentos oficiales y en las políticas asociadas a la mitigación de gases asociados al problema del cambio climático. En síntesis, los hechos son simples y tozudos. La superficie forestal que, siguiendo los principios de Kyoto y reuniones supranacionales posteriores, se puede computar a la hora de consierar absorción de CO2 (y que, por lo tanto, compensa una parte de las emisiones del país), no para de crecer y, por ello la absorción total. Esta realidad no admite discusión y está refrendada a través de mediciones realizadas desde la Administración. Sin embargo, lo que sí admite discusión es el tratamiento que, desde el Estado, se ha dado a estas toneladas de carbono que anualmente se fijan por ciertas superficies forestales, la mayoría, me temo, en manos de propietarios privados. En síntesis, se ha producido una nacionalización encubierta de estos créditos: el propietario privado nunca recibirá un euro de este carbono fijado (a excepción de los escasísimos proyectos surgidos al albor del RD 163/2014), dado que el Estado los utiliza para compensar las emisiones a nivel país… sin retribuir a los propietarios de los sistemas forestales que realizan dicha fijación. Es decir, ese carbono se convierte en un bien público a pesar de que mayoritariamente se produce en terrenos privados.
Por si alguien lo está pensando, esas toneladas de Carbono (más de 36 millones anualmente) tienen un valor de mercado asociado al no cumplimiento de las metas a nacional. Así, es conocido que España, para cumplir los objetivos asociados al primer período de Kyoto, en su momento ha tenido que comprar derechos de emisión, lo que implica que el carbono capturado tiene un valor como un coste evitado. Para ilustrar las implicaciones de este hecho, si nos ponemos en el caso extremo de tomar el altísimo precio actual de cada tonelada de carbono en mercado ECTS (22,57€/t en el mes de diciembre) nos encontramos que el valor de esa fijación… alcanza un valor similar a las inversiones anuales que se realizan en todo el sector forestal las AA.PP. (siguiendo el último estudio publicado de ASEMFO, más de 850 millones de euros). Esta comparación “grosso modo” sólo pretende reflejar dos situaciones: por un lado, la inexplicable ausencia de incentivos a los propietarios cuyas masas forestales contribuyen a este bien público y, por otro lado, que no se difunda convenientemente esta realidad.
Si antes he mencionado al RD 163/2014, conviene recalcar que, según los datos publicados en el Ministerio para la Transición Ecológica, el número de proyectos existentes es muy escaso, lo que incide en la misma idea: aun partiendo del axioma que las masas forestales no son la solución al exceso de emisiones de estos gases, ello no es óbice para justificar la poca importancia que se le da a esta capacidad. En otra entrada posterior habrá que contextualizar esta situación.
