“The first great fact about conservation is that it stands for development”: Pinchot, G.: The Fight for Conservation (1910)
Como en cualquier tipo de actividad que se desarrolle a medio y largo plazo, en la gestión forestal se redactan documentos (proyectos de ordenación) donde, a partir de unos objetivos previamente indicados, se toman decisiones técnicas sobre un conjunto de servicios ecosistémicos encajadas tanto en una escala temporal como en otra espacial, y atendiendo siempre a una componente económica. Conviene insistir en que los objetivos son externos a quién redacta el proyecto, y dependen de la propiedad del predio. Cuando transcurre un lapso de tiempo, dicha gestión es evaluada comparando la eficacia de la misma, generalmente cotejando las variaciones entre indicadores previamente definidos y cuyos valores esperados encajen en los objetivos anteriormente fijados. Voy a referirme en esta entrada a uno de ellos, y que tiene que ver con el no cumplimiento de la posibilidad prevista. Es decir, y por poner un ejemplo que resulta fácil de entender, imaginémonos que en monte público se realice una revisión del proyecto de ordenación vigente y se prevea que en los próximos diez años las cortas finales alcanzan una determinada posibilidad todos los años. Se llega al final de la década, y se observa cómo la suma de lo que realmente se ha cortado cada año dividido entre la suma de la posibilidad a lo largo de los diez años no llega, por ejemplo, ni al 36%. Indudablemente, se ha producido una desviación importante relacionada con el cumplimiento de este indicador.

Con tantos factores que influyen en alcanzar la meta de minimizar las desviaciones con respectos a la posibilidad inicialmente prevista, no se puede pretender que en montes con proyecto de ordenación vigente se logre en todos los años esa exactitud en las cifras. Si el caso de estudio fuese una plantación industrial sería otro cantar, pero en principio resulta lógico y habitual que se produzcan estas desviaciones. Por desgracia, no conozco estadísticas agregadas sobre la magnitud de este problema en España (ni a nivel autonómico), pero resulta fácil suponer que principalmente se produce por cortar (habitualmente cortas finales asociadas a la posibilidad de regeneración) menos de lo inicialmente previsto. De hecho, la cifra del 36% que he introducido anteriormente corresponde a un caso real (Pinar de Valsaín entre 2011-2020), pero no pretendo profundizar en la casuística tan especial asociada a este sistema forestal. Sin embargo, hace pocos días se ha publicado un estudio donde se analiza este problema en montes públicos de Quebec (2,5 millones de hectáreas) desde 1999 a 2013. Los resultados son muy interesantes, dado que en las dos grandes zonas donde dividen el caso de estudio se producen datos que oscilan entre el 65,3 y el 79,2% para las cortas a hecho previstas. Estos porcentajes son aún mayores para tratamientos intermedios. Por otro lado, también han constatado que un porcentaje apreciable de estas cortas finales se han producido en unidades de gestión inicialmente no previstas. Aunque la selvicultura, la planificación o la forma de ejecutar la gestión (concesiones) no son comparables a la realidad española, sí que presenta interés los factores que han tratado de explicar esa realidad. Para ello han realizado una encuesta y han agrupado los posibles factores en seis categorías. Pues bien, de los tres más importantes, dos presentan un origen económico (fluctuaciones en el precio de la madera o la desaparición de serrerías), mientras que otro tiene que ver con el origen de la masa (masas mezcladas). Llama la atención que superen a otras, como las perturbaciones naturales (aquí se incluirían los incendios forestales), factores sociales, errores en la planificación o características del terreno.
Por otro lado, quisiera insistir en que lo hasta ahora comentado pierde sentido si se han producido circunstancias extraordinarias (incendios, plagas) fuera del alcance del gestor. Cuando se han producido estas situaciones, además de pensar en la restauración inmediata y qué hacer con la madera dañada, resultaría crucial valorar la posibilidad de redactar un nuevo proyecto de ordenación, aunque esta decisión dependerá de cada caso. Fuera de esta casuística, existen otras causas técnicas que podrían justificar fácilmente no cortar lo recogido en la planificación. Desde problemas técnicos (p. ej., inventarios que no recogen con exactitud el estado de la masa), problemas arrastrados de cambios en la normativa (p. ej., incremento en las restricciones de corta), problemas administrativos (p. ej., retrasos en los permisos para ejecutar las cortas) o incluso decisiones técnicas para favorecer otros servicios ecosistémicos (p. ej., retrasar en algunas unidades de gestión las cortas finales). Además, conviene mencionar también una razón de fondo que sobrevuela esta problemática, aún en el caso que las desviaciones entre la posibilidad inicialmente calculada y la ejecutada fueran mínimas. Me estoy refiriendo a la correcta integración entre la planificación estratégica (Plan General) y la planificación táctica (Plan Especial). Aunque existe mucha literatura al respecto, se puede decir que tradicionalmente se ha optado por un enfoque “top to down”, es decir, se tomaban unas decisiones a largo plazo, y esas decisiones se deberían cumplir en el siguiente escalón (táctico) y los resultados de los indicadores a este nivel también serían unos objetivos a seguir en la planificación operativa. Sin embargo, desde hace años se está planteando la idea de buscar soluciones de forma simultánea a la planificación estratégica y la táctica (“enfoque integrado”), con el fin que el flujo de informaciones sea en ambas direcciones. Existen ejemplos ilustrativos al respecto, generalmente vinculadas al uso de herramientas optimizadoras.

Por otro lado, algunos listos, listísimos, pero que muy listos pudieran pensar que retrasar las cortas previstas (o, simplemente, no cortar) sería la mejor opción siempre, por lo que no cumplir el programa de cortas recogido en un documento técnico y validado por la propiedad sería una acción siempre positiva. Resulta probable que se aduzca para justificar este dislate que no hay que tener en cuenta la rentabilidad económica de estos aprovechamientos para tomar decisiones sobre su gestión. Pues bien, las evidencias muestran que retrasar o eliminar las cortas previstas implican otras consecuencias que exceden al impacto monetario. Así, no cortar lo programado implica incrementar el combustible existente en el monte, modificar la estructura de la masa si esta decisión se mantiene a lo largo del tiempo, tendiendo ésta a un estado no deseable, además de poner en riesgo la regeneración futura. Si se piensa que esta acción beneficia a todos los servicios ecosistémicos menos los de previsión, la evidencia muestra que esto no es así porque, por ejemplo, la recolección de hongos se va a ver afectada y, los efectos sobre la biodiversidad no son siempre positivos. Es decir, habría que estudiar cada caso por separado y ver los «trade-offs» existentes entre dichos servicios ecosistémicos. El mito de que a más existencias, siempre tenemos más carbono en pie y por ello, siempre tendremos más biodiversidad, no tiene por qué cumplirse. Es más, el óptimo en cuanto a la biodiversidad no tiene porque coincidir con el del carbono como se demuestra en diversos estudios.
Por último, un tema que también quisiera comentar es que estas desviaciones por cortar menos de lo inicialmente previsto de forma sistemática no suelen afectar a los resultados de auditorías externas (p. ej., certificación forestal), a diferencia de si se cortaran constantemente unas existencias superiores a la posibilidad. Sin embargo, sí que pudiera ser interesante la realización de auditorías para comprobar que las medidas se alinean con los objetivos de la gestión, para ver si los indicadores definidos para definir la evolución de los mismos son los correctos o para comprobar si las justificaciones otorgadas ante desviaciones de los mismos son o no asumibles. Si antes he hablado de eficacia, ahora toca hablar de eficiencia. No se trata de aumentar la burocracia de todo el proceso (ni duplicar esfuerzos realizados en una potencial certificación), sino de conseguir que los planes especiales posteriores puedan incluir medidas correctoras avaladas por expertos independientes, o incluso plantearse alguna medida de este estilo a mitad de período. Este proceso redundaría en un mayor conocimiento de la gestión del monte en cuestión y se justificaría si se evita repetir errores pasados. Lógicamente, esto sólo tendría sentido en montes que cumplieran ciertos requisitos, comenzando por el de su extensión.



