…concedía créditos sin interés a negocios que prometieran mantener las puertas abiertas (sin exigir nunca su devolución). Hernán Díaz: Fortuna
En los últimos años se está produciendo un esperado auge de formas de intercambio que vinculan servicios ecosistémicos de regulación con instrumentos de mercado. Empleo el término “esperado” porque resulta lógico intentar abordar nuevas vías para otorgar valores de mercado a ciertas externalidades positivas. Así, además de los ya muy conocidos créditos de carbono, con sus amplias clasificaciones, se habla también de créditos asociados a la biodiversidad, créditos vinculados al agua (por ejemplo, su calidad), créditos concernientes al carbono en el suelo, etc. Ampliando la perspectiva a un prisma rural, también habría que considerar los créditos asignados a ciertas prácticas agrícolas. Por otro lado, aunque no sean propiamente créditos, no conviene olvidar que algunos servicios ecosistémicos (aquí también se incluirían algunos culturales) están vinculados a los pagos por servicios ambientales. En definitiva, y sin pretender ser exhaustivo, la lista es bastante amplia. Sin embargo, no es fácil encontrar análisis que integren todos ellos, sus compatibilidades, sus antagonismos y, sobre todo, sus implicaciones tanto para los diversos actores que intervienen en estos procesos como para la gestión de las masas forestales objeto de este legítimo interés.
Un ejemplo muy claro de lo que estoy comentando lo constituyen los créditos de carbono y los créditos asociados a la biodiversidad. Sobre los primeros he comentado muchos aspectos en este blog, pero no así sobre los segundos. Al igual que los de carbono, su auge está vinculado a acuerdos supranacionales, pero presentan atributos propios. Así, se suele hablar de dos tipos de créditos, unos asociados a compensar por un daño causado (“biodiversity offsets”), y otros simplemente no están supeditados a esta compensación, sino que se sustancian simplemente para asegurar la conservación de la biodiversidad (“biodiversity credits”). Por otro lado, los horizontes temporales suelen ser distintos. Así los créditos asociados a la biodiversidad presentan lapsos de tiempo más dilatados. Además, actualmente son menos líquidos que los del carbono, aunque ya comienzan a aparecer estándares y vínculos a nivel empresarial con los famosos ESG. Por último, y como resulta fácil pensar, las unidades en que se miden ambos tipos de créditos son distintas. Mientras que en un caso serían toneladas de CO2, en el caso de los créditos de biodiversidad no existe una métrica tan evidente y universal.
Dejando de un lado esta caracterización, me interesa destacar algunos aspectos relacionados con el auge y las implicaciones, a diferentes niveles, que presentan estas nuevas modalidades. La primera pregunta que surge es inmediata: ¿son conjuntos disjuntos o existen sinergias entre ambos? Aquí la literatura es amplia y variada, como lo son las casuísticas existentes. Ya he insinuado que los estándares son distintos, aunque ya se encuentran puntos de encuentro. Así, están apareciendo créditos de carbono vinculados a acciones que también suponen mejoras en los sistemas forestales en términos de biodiversidad. Estos créditos distintivos se diferencian en algunos estándares, como el recientemente publicado en Portugal. Por otro lado, las etapas iniciales de justificar aspectos como adicionalidad, permanencia, cuantificación rigurosa, verificación, etc. deben ser comunes. Sin embargo, desde un punto de vista más teórico, aquí surge una pregunta: ¿se puede integrar la captura de carbono y la conservación de biodiversidad como una suerte de producción conjunta? Es decir, ¿si se aumenta la captura de carbono automáticamente se mejora el estado de conservación de la biodiversidad del caso analizado? En la literatura hay numerosos ejemplos que pueden darse este tipo de externalidades positivas, pero también aparecen excepciones y limitaciones. Dejando a un lado los proyectos REDD+, parece que cómo se definan los créditos de carbono puede ser relevante, pero lo es más la situación particular de cada sistema forestal. Y aquí interviene el punto de partida (no me estoy refiriendo exclusivamente a nuevas plantaciones), la selvicultura realizada y prevista, las especies objeto de interés, etc.
En otro orden de cosas, los análisis suelen ser siempre desde el lado de la demanda (stakeholders, privados o públicos) interesados en computar estos créditos en sus balances o, simplemente, para cubrir ciertas previsiones legales. Sin embargo, no se suelen realizar desde el punto de vista de la propiedad ni del gestor. Resulta evidente que es necesaria una visión a largo plazo que nunca la van a tener los demandantes de esos créditos. Y esta visión no debe olvidarse con la aparición de nuevos actores en este proceloso mundo: empresas, verificadores (por cierto, no contemplados en la vigente normativa nacional), organizaciones no gubernamentales, etc. Todo este proceso no puede ser indefinidamente aditivo en cuanto a nuevos actores y servicios ecosistémicos considerados y urge una racionalización. A mi modo de ver, dicha racionalización debe estar imbricada en los proyectos de ordenación asociados a cada caso de estudio. Además, no se debe olvidar el papel de las organizaciones certificadoras, algunas apostando por certificar simultáneamente varios de estos servicios ecosistémicos. En definitiva, directa o indirectamente se está incrementando el número de stakeholders, pero nunca pensando en la eficiencia de la gestión. Es preciso recordar que, a mayor número de actores intentando influir en una decisión, la solución compromiso es más complicada, con independencia de la metodología empleada para alcanzar ese hipotético consenso. Volviendo a la gestión, a título de ejemplo, no se entendería computar créditos de biodiversidad en unidades de manejo de un monte que no estuvieran alineados con la gestión prevista en las mismas. Siguiendo en esta línea, ¿es la no gestión la única alternativa en estas áreas? ¿no cabe apostar por una selvicultura apropiada?
Me gustaría, por último, finalizar esta entrada mencionando una evidente paradoja: se está hablando de imputar créditos por diversos ecosistémicos a distintas áreas forestales, pero donde es muy posible que no se disponga de contabilizaciones adecuadas de dichos servicios ecosistémicos. ¿Tiene eso sentido? ¿Se puede hacer gestión sin conocer los valores asociados a cada servicio ecosistémico relacionado? Si se produce un desastre, ¿sabemos valorar lo que se ha perdido? (ejemplos: incendios forestales, desastres ambientales, etc.). A mi juicio, la respuesta a estos tres últimos interrogantes es idéntica: no. Pero Doctores (no plagiarios) tiene la iglesia…
