“Las condiciones inflacionarias desestimulan las inversiones de más larga duración (como, por ejemplo, en el sector forestal)” (Pereira de Rezende & de Oliveira, 2001)
Observo que existe un margen de mejora a la hora de manejar e interpretar los cambios que se producen en ciertas magnitudes (precios, salarios, costes, etc.) por causa de la inexorable inflación, o pérdida de valor del dinero debido al aumento de los precios. Me voy a centrar en el ámbito forestal, donde este fenómeno presenta algunas singularidades endógenas. Una de ellas es la dilatada longitud de los períodos asociados a la producción de diferentes outputs, lo que, implica disponer de una cierta información de variables económicas a la hora de fijar el precio de los productos forestales. Otra, y más grave, es la ausencia de estadísticas que puedan ayudar a los agentes económicos a tomar sus decisiones, como mostraré más adelante. Finalmente, es preciso no olvidar que aún subyace, en este sector y aledaños, una cierta aversión a todo lo que supone incorporar un análisis económico en la toma de decisiones.

Por otro lado, es necesario conocer algunas características básicas de las medidas más comúnmente utilizadas para medir la inflación. Partiendo de la base que necesitamos un punto de referencia para medir nuestro nivel de ingresos cuando aumentan los precios de diferentes productos. Debemos considerar la medición de la inflación como un elemento fundamental que alimenta el proceso de ajuste de nuestros ingresos en respuesta a la variación de los precios. Como es sabido, el indicador más comúnmente utilizado es el índice de precios al consumo (IPC), pero en realidad sólo está midiendo cómo se mueve una determinada cesta de bienes y servicios en el tiempo, con una ponderación para cada uno de ellos y donde, por ejemplo, no se encuentra directamente la madera, sino productos derivados de la misma (muebles, papel). Es decir, que la cesta de la compra de ese sujeto promedio que representa el IPC no tiene porque coincidir con la de otro ciudadano porque seguro presenta preferencias distintas para los artículos que componen esa cesta (y para otros que no están representados). Dicho de otra forma, sería una casualidad que los precios de la madera (precios en pie) variaran exactamente según predice el IPC. En definitiva, los incrementos en los precios impactan de forma distinta en los agentes económicos y ello hace que reaccionen de manera distinta a aumentos en el precio de los productos que más demandan.
Tomando los datos de los Anuarios de Estadística Forestal, si se analiza la evolución en los últimos años del precio de la madera en España, y su desempeño frente a la inflación, se obtienen los resultados del gráfico siguiente, circunscrito a 4 especies distintas. En él se observa cómo hay años donde los precios suben menos que la inflación, frente a otros donde ocurre lo contrario: el alza de los precios supera claramente a la inflación anual (barras por encima de la línea que marca la inflación). También se aprecia cómo la evolución no es la misma para las cuatro especies, entre otras razones porque cada una proporciona una madera que se utiliza para destinos muy diferentes. No obstante, en el intervalo elegido más o menos se observa cómo prácticamente existe el mismo número de años donde el precio crece en términos reales frente al caso opuesto.

Alguien podría argumentar que los datos procedentes del Ministerio son muy agregados y que si se obtuvieran datos más locales, las tendencias pudieran modificarse. Pues bien, se ha repetido el análisis comparando para una especie (el chopo, especie “D” en el gráfico anterior) los datos del Anuario con los datos de las subastas de madera de chopo de FAFCYLE. Los resultados se muestran a continuación, y la tendencia según ambas fuentes resulta bastante parecida. Llegados a este punto conviene señalar que este período resulta un tanto atípico, ya que concentra 4 años con deflación (en toda la serie disponible sólo existe un año más donde el IPC haya sido negativo), y los problemas causados por el COVID y la guerra de Ucrania.

Por otro lado, dado que no somos capaces de predecir la inflación a medio o largo plazo, una medida que se suele adoptar es la de trabajar con magnitudes constantes. Es decir, suponer que el crecimiento futuro de los precios, de los costes e incluso de la tasa de descuento a utilizar es el mismo en el futuro. Sin duda es el análisis más sencillo y más útil porque, por ejemplo, puede servir perfectamente para comparar proyectos distintos. Sin embargo, está incluyendo la hipótesis de que los precios crecen en el futuro al mismo ritmo que los costes. Mi intuición me dice que es una hipótesis que no siempre se cumple, pero no puedo comprobarlo por la ausencia de datos al respecto. Y esta es otra crítica recurrente: la falta de datos de naturaleza económica asociados a la actividad forestal. Cualquiera que se asome por los datos de naturaleza económica del medio rural no forestal existentes en el Ministerio de Agricultura, sabe a qué me refiero.
Por último, también resulta interesante comparar la evolución del precio de la tierra (rústica) y el IPC. La pregunta sería, ¿siguen la misma pauta? Para ello, adjunto el siguiente gráfico con datos sobre el precio de la tierra agraria en España y el precio de la tierra destinada a pastizales. Se asume que entre ambas estaría el precio promedio de la tierra forestal, pero no se ha estimado oportuno medirlo y/o aportar informaciones al respecto. Esta circunstancia resulta un tanto demencial, viendo la superficie forestal que tenemos en España, pero a nadie parece interesar aportar este dato, aun cuando funcionarios públicos disponen de informaciones al respecto. Volviendo al gráfico se aprecia cómo la evolución no es similar, luego el IPC no sería un buen estimador para calcular variaciones del precio de la tierra. Esta idea aparece en libros clásicos de Valoración Agraria, y presenta su importancia a la hora de abordar, por ejemplo, procesos de expropiación. Por otro lado, esta tendencia justificaría, a pesar de que la discutida norma diga lo contrario, emplear este dato en vez del IPC a la hora de realizar cálculos para actualizar rentas siguiendo la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de Desindexación de la Economía Española.




