“…hasta si conviene o es ruinoso el llevar maderas a sitios lejanos por no poder competir con otras similares de distintas provincias«: Romero y Gilsanz (1886): El pino piñonero en la provincia de Valladolid
Estos días está de máxima actualidad un informe que ha visto la luz hace unos días (ya se conoce como “informe Draghi”) donde se realiza un análisis sobre la competitividad de, en general, la economía de la Unión Europea y se proponen recomendaciones para mitigar los problemas que, según los autores, existen y que, también según su opinión, amenazan los principios básicos del llamado estado del bienestar que, a diferencia de las otras dos superpotencias que continuamente sirven de comparación (Estados Unidos y China), existen en Europa. Ya se han publicado numerosos, respetados y acertados comentarios y valoraciones, tanto a favor como en contra, sobre las casi cuatrocientas páginas de este informe, pero me quisiera detener en algunos aspectos particulares, más relacionados con mi trayectoria, y que pueden quedar oscurecidos ante ciertos titulares muy llamativos (p. ej., la financiación estimada para cumplir sus recomendaciones, los problemas de la innovación en Europa en sectores tecnológicos frente a sus competidores o si sus propuestas son excesivamente intervencionistas).
Lo primero que me gustaría señalar es que se asume que la competitividad queda definida por las grandes líneas que se señalan en el informe, así como con las políticas (sectoriales y horizontales) que se han definido como recomendaciones. Es decir, no existe una clara definición de ese concepto tan poliédrico como es el de la competitividad. Se puede hablar de competitividad a nivel país o grupo de países, a nivel de empresa o a nivel sectorial y para cada uno de estos niveles se podrían proponer un conjunto de indicadores específico. Ello debe ser resaltado porque, además, el análisis se enmarca en un determinado horizonte espacial y temporal. Sin embargo, esta ausencia de un corpus teórico no tiene por qué invalidar sus propuestas y, por otro lado, se agradecen estos esfuerzos porque, en primer lugar, son atisbos de una cierta autocrítica, siempre muy necesaria en organizaciones tan mastodónticas como la UE. Por otro lado, creo que cada persona que lo lea puede sacar interpretaciones diferentes, pero estoy seguro de que habrá datos o argumentos desconocidos y que pueden ser enriquecedores, por lo que su lectura no se debiera considerar un ejercicio inútil. Finalmente, y para poner en contexto el sector, si hablamos de competitividad y nos ceñimos a las industrias relacionadas con la cadena de la madera en España, se ha asumido que la industria del papel es mucho más competitiva que la de la madera o el mueble.
De las diez políticas sectoriales que analiza, veo muy oportuna y desafiante la cuarta de ellas que se refiere a las industrias intensivas desde el punto de vista energético, que, a su vez, se agrupan en siete sectores. El interés crece al descubrir que ahí se incluyen las industrias de la madera y el papel, aunque el informe centra su análisis en los cuatro sectores más demandantes de energía, y ahí sólo se incluye la industria de la celulosa y el papel (no la industria de la madera). Estas industrias han perdido competitividad y por ello contraído su producción (un 8% la industria del papel, la que menos) desde la crisis energética de hace dos años. Los motivos están bien explicados: alza del precio de la energía, altos costes de emisión de carbono, las inversiones necesarias para descarbonizar dichas industrias, y la competencia mundial, que juega con otras reglas. Dejando a un lado aranceles y subvenciones, conviene señalar lo siguiente: cuando tú te autoimpones una tasa adicional a los costes comunes que puedes tener con respecto a tus competidores, resulta complicado, a priori, que en el futuro puedas mantener niveles de productividad y rentabilidad. Ya en la década de los 90 en un artículo citado miles de veces, Porter y van der Linden afirmaban que si se pretende que la competitividad esté más alineada con la mejora ambiental, las normas ambientales deben diseñarse para fomentar la innovación en productos y tecnologías de producción. Esto parece que no siempre se ha tenido en cuenta en la UE. Hay muchos ejemplos en la literatura sobre estas medidas, pero no se ha hecho, a mi juicio, una pedagogía adecuada al respecto. No discuto la idea de gravar las emisiones de carbono, pero sus consecuencias no ambientales no se han explicado adecuadamente a la opinión pública y, quizá, tampoco se han medido con claridad. Y máxime cuando se sabía que no iban a ser la solución global al problema. Por lo menos en el informe se reconoce este hecho y se apunta como una solución, además de asegurar un suministro continuo de energía descarbonizada, imponer a las importaciones un pago por las emisiones de carbono, aunque también se apuntan riesgos por los que este sistema se vulnere fácilmente. Quisiera insistir en el sector de la celulosa y del papel se caracteriza por su dimensión (grandes empresas), que requieren energías limpias, por lo que, según este informe, se recomienda que se instalen en aquellas regiones con una oferta de este tipo de energías abundante. Así, tanto la descarbonización como la reindustrialización pueden ir de la mano. Parece que el señor Draghi y su equipo estuvieran pensando en proyectos como el de Altri o los de minería (caen en el mismo grupo) parados en Galicia, y ambos injustamente demonizados.
Por otro lado, me ha llamado la atención que se reconozca en el informe la poca utilidad de los ingresos derivados del mercado de créditos de carbono europeo para invertir en aspectos directamente relacionados, como sería las tecnologías para descarbonizar a un coste menor. Aquí se esconden varios males de la estructura actual de la UE: el exceso de burocracia (y de barreras empresariales), no asignar el dinero a priori a ciertas políticas (se prefiere una caja única y se reparten, por intereses espurios, fondos discrecionalmente en partidas que no tienen nada que ver con relación a dónde se han generado), y la falta de eficiencia constituyen un enorme lastre. A título de ejemplo, una forma de advertir de la importancia de dichas ineficiencias son las llamadas que se incluyen en este informe para establecer unos límites temporales para que las autoridades y reguladores tomen sus decisiones. Siento curiosidad si se va aplicar esta recomendación y cómo se articularía en España.
Finalmente, otro aspecto a destacar de este informe es, salvo error u omisión por mi parte, las referencias que se incluyen del carbono no se refieren a las más cercanas al ámbito forestal (las que se encuadrarían en las llamadas “nature-based solutions”), y sí se insiste bastante en las tecnologías CCUS, es decir las que abarcan proyectos de secuestrar y almacenar directamente el carbono atmosférico. Es decir, que a nivel europeo un potencial (y que, por cierto, se está retrasando más de lo debido) mercado único de créditos de carbono donde se incluya la gestión forestal en su concepto más amplio, no parece ser de gran importancia para la competitividad de Europa. Sin embargo, y esto es parte de lo arriba comentado sobre este el concepto de competitividad, ello no significa que dicho mercado pueda ser de gran interés a empresas interesadas en estos temas y cuyo impacto dentro del PIB sea sustancialmente menor que las recogidas en este informe.
