La captura de carbono y su mercado en España

El consenso alcanzado en el Protocolo de Kyoto (1998) supuso, sin ninguna duda, un espaldarazo a la hora de consolidar la vieja idea de la gestión forestal según la cual los sistemas forestales proporcionan un amplio conjunto de bienes y servicios que ha sido denominado de diferentes formas. En efecto, en el citado Protocolo se citaba expresamente a los sistemas forestales como agentes que pueden influir (positiva o negativamente) en la captura de CO2, y, por tanto, en la reducción de las emisiones de este gas a la atmósfera.

Aprovechando que hace pocos días finalizó la conferencia de Bonn sobre cambio climático, resulta interesante hacer una reflexión sobre lo que en España está ocurriendo con la captura de carbono que realizan los sistemas forestales y como el paso que se asumía lógico (convertir un servicio en un bien, con lo que representa en cuanto a ingresos para la propiedad) no ha resultado tan evidente. Así, lo que a priori podría haber sido una nueva fuente de ingresos en el sector forestal, al monetizar esta captura (los datos muestran que de forma continua los bosques españoles presentan un balance positivo si se comparan las toneladas de CO2 que se capturan frente a las que se emiten), se ha quedado, por desgracia, en un intento fallido que, desde hace pocos años se intenta retomar, aunque con un resultado por el momento bastante desigual.

Partiendo de la idea que si la captura de cada tonelada de carbono atmosférico tiene un precio de mercado (o un valor en determinados mercados), incluso con anterioridad a la firma del citado Protocolo de Kyoto, algunos investigadores empezaron a analizar cómo afectaría la consideración de este nuevo output en las decisiones básicas de gestión forestal, aún a pesar que tanto el citado Protocolo como la normativa asociada que se ha desarrollado en las sucesivas reuniones anuales no modificaban algunos aspectos que frenan el desarrollo de este carbono de origen forestal: la hipótesis de oxidación instantánea y, su consecuencia más inmediata, la no consideración del carbono asociado a los productos de la madera.

Paralelamente se han desarrollado mercados en distintas partes del mundo donde se puede intercambiar este servicio como un producto más… pero en el caso de España (al igual que en otros países de Europa), esto no ha sido así. En efecto, para cualquier propietario privado, el carbono capturado se ha convertido hasta el año 2014 (y sólo en casos específicos) en un bien con un precio igual a cero. Sin embargo, y aquí radica la paradoja, para el estado, este carbono tendría un precio diferente a cero: se podría estimar como el coste que supondría para España pagar una hipotética multa por haberse excedido en el cumplimiento de las reducciones de emisiones comprometidas. Esta dualidad bien privado (sin rentabilidad para los propietarios) – bien público ha redundado en que no se hayan extendido proyectos para fomentar la captura de carbono con nuevas forestaciones, dado que el incentivo era mínimo. 

En el caso de España se ha promulgado un RD (163/2014) de 14 de marzo, por el que se crea el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono y donde se detallan los pasos a seguir para lograr forestaciones que puedan beneficiarse de unos ingresos derivados de la captura que realizan. Pues bien, según la web oficial del MAPAMA, a día de hoy son aproximadamente 180has las que se han forestado y que cumplen la condición de ser un proyecto de absorción de CO2. Si tenemos en cuenta que la media de forestaciones en los últimos 5 años donde hay estadísticas disponibles (2009-2013) superan las 20.000has al año, estas cifras son, desgraciadamente, muy reducidas.

Aunque desde el punto de vista técnico uno se hace varias preguntas leyendo la normativa que regula estos proyectos, sí que me gustaría incidir en una vertiente que, a mi juicio, ha quedado bastante olvidada: la del mercado. Es decir, se está intentando crear un nuevo mercado (carbono capturado que puede ser utilizado por empresas o instituciones para compensar emisiones o, simplemente, por motivos de imagen), pero sin que exista una información de lo que realmente le puede interesar a un propietario: ¿cuánto y cómo me pagarían por ese carbono? Esto es así porque se decidió que estos proyectos se basan en acuerdos entre empresas interesadas y propietarios y que esos acuerdos privados no deben transcender. Es decir, que no se sabe ni por cuánto se paga cada tonelada de carbono ni cómo se realiza dicho pago. Creo que esta circunstancia puede explicar el bajo atractivo (atendiendo a los números arriba mostrados) de estos proyectos, aunque también estoy seguro que no es la única razón relevante al respecto dada la volatilidad, hasta ahora innata, del precio de la tonelada de carbono en los distintos mercados, y singularmente en el mercado europeo de derechos de emisión. Es preciso recordar que, aunque este mercado no admite créditos de los sistemas forestales, se toma muchas veces como indicador del precio de cada tonelada de carbono.

Un ejemplo paradigmático en esta línea de implicación de las autoridades en fomentar este nuevo mercado sería el caso de Nueva Zelanda, donde el gobierno ha promovido un sistema donde el propietario decide, con la máxima transparencia, si le conviene apostar por el carbono o la madera en cada momento, sabiendo que está en un mercado con unas características de liquidez muy favorables. Eso sí, el estado le incentiva a que adopte ciertas prácticas de gestión que considera oportunas para que las cortas finales (y con ellas, las emisiones) se realicen obviando las cortas a hecho. Dado que se espera que la normativa actualmente en vigor en España se modifique para adecuarla a los acuerdos de París, sería deseable que desde la Administración se apostara más decididamente por estos mercados, y sea más proactiva a la hora de fomentar posibles medidas selvícolas y de gestión que puedan ser relevantes para optimizar el carbono que pueda contabilizarse bajo los supuestos de los Acuerdos de París.

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