Huella Forestal («forest footprint»)

El término huella “footprint” en inglés está siendo utilizado casi de forma masiva en los últimos años en aspectos relacionados con la mitigación del cambio climático, con una utilización de diversos servicios ecosistémicos más conservadora en el sentido de no disminuir el capital natural asociado a los mismos y, en definitiva, y en un sentido amplio, con la sostenibilidad. Este boom se puede apreciar en múltiples escalas, tanto a nivel país (a través de indicadores populares como el Environmental Footprint Index), como a nivel sector industrial, a nivel producto, etc. Desde otro punto de vista, la medición y verificación de estas huellas ha generado unos prósperos servicios de intermediación. Es muy fácil hoy en día encontrar referencias, experiencias, noticias y hasta malas prácticas (“greenwashing”) relacionadas con el concepto mayoritario de huella de carbono, pero también con los de huella ecológica, huella del agua, huella ambiental de un determinado producto, etc. Incluso parece que hay una cierta “fiebre” por definir, caracterizar y emplear para diversos fines todo tipo de huellas de este estilo relacionadas con el medio ambiente, ya desde hace más de una década, como bien se ilustra en el afamado libro de Berners-Lee

No obstante, creo que en los actuales términos en que se manejan estas huellas, no son excesivamente beneficiosas para los sistemas forestales, lo que no implica que en bajo algunas condiciones sí lo sean. Voy a ilustrar esto con algún ejemplo. Así, existe una amplísima coincidencia en incentivar el uso de la madera como material de construcción por presentar una huella de carbono menor que otros competidores (hormigón, acero, etc.). La idea parece clara: si se apoya este tipo de materiales, las emisiones globales se reducirán porque, se utilizarán menos otros materiales en teoría más contaminantes, pero se incide en el impacto del producto. Conviene incidir en la lógica de la medida: estamos buscando materiales que se aproximen lo más posible a un utópico ideal (en este caso, que no existan emisiones de carbono en los procesos productivos), y por ello buscamos soluciones que minimicen esa distancia a ese ideal. Esta lógica se repite, en principio, en todos los objetivos del tipo “cuanto menos mejor”. Así, se busca lo que menos carbono emita, lo que menos agua consuma, aquello que tenga la menor huella ambiental, etc. 

La pregunta surge si nos preguntamos qué pasa con otros procesos asociados a servicios ecosistémicos forestales que sean del tipo “cuanto más mejor”. Si un bosque presenta mayor biodiversidad, fija más carbono, reduce más la erosión que sistemas no forestales, y, por otro lado, está asociado a servicios culturales intrínsecamente relacionados con su existencia, ¿cómo medimos en este caso estas huellas “positivas”, por ejemplo, asociadas a una determinada gestión forestal? La respuesta a esta pregunta es, en muchos casos, bien conocida en términos económicos: estaríamos ante un fallo de mercado y se catalogarían como externalidades positivas. Es decir, mientras que el caso anterior se podría penalizar económicamente a empresas que superen una determinada huella de carbono en la fabricación de un producto, o se podría educar en esta línea a los consumidores, en el caso de las externalidades positivas no existe un vínculo claro y unánimemente aceptado para que usuarios finales de estos servicios ecosistémicos forestales reconozcan este hecho. Si se quisiera cuantificar de alguna forma dicho vínculo, se debería ligar a una contabilidad exhaustiva de dichos servicios ecosistémicos y del capital natural asociado. A partir de ahí se podría decidir, si es lo que se está buscando, como compensar a los sistemas forestales por esta huella positiva. Sin embargo, como estas cuentas no están disponibles a nivel de todo el país, ni está generalizado su empleo, una solución plausible pudiera ser a través de transferencias públicas, o de ciertos impuestos ambientales, o que los usuarios abonen ciertas cantidades por un uso, bien sea activo o pasivo. La realidad es que nos están permanentemente bombardeando, desde distintas ópticas, con un indicador que refleja el menor impacto negativo de un producto desde un punto de vista ambiental (huella de carbono), pero, simultáneamente, no se dispone de un equivalente asociado a otros servicios ecosistémicos de regulación o culturales propios de los sistemas forestales, y que proporcionan impactos positivos en la población. A esta idea la denomino “huella forestal”, y presenta notables diferencias con las otras huellas. En el caso de la huella de carbono, su impacto lo puede asumir total o parcialmente el ámbito productivo y los consumidores a través de su libre elección de los productos que consumen. Sin embargo, en el caso de esta huella forestal a priori no se sabe si alguien debería pagar alguna cantidad, quiénes serían los que deberían hacerlo, si se discrimina en función de los atributos asociados a los distintos servicios ecosistémicos, etc. En definitiva, el sistema pretende penalizar los impactos negativos y, simultáneamente, no premiar los impactos positivos, o que el Estado se apropie indebidamente de alguno de ellos, como es el caso de la captura de carbono. La pregunta que surge es inmediata: ¿esto es justo? ¿es la manera de ayudar a las zonas rurales? Para ilustrar esta idea, propongo una comparación con un tema candente: si los consumidores aceptan que se deba pagar un peaje por circular en autovías con el fin de acogerse a los principios de quien contamina paga y quien usa, también paga, ¿no se debería implantar algo similar en zonas rurales? ¿Por qué en este caso no se paga el uso y disfrute de un sistema forestal? En definitiva, ver esta huella forestal como una forma de dotar de recursos a las zonas rurales donde se encuentran estos sistemas forestales sería un primer paso para una justicia interterritorial que debe existir entre el mundo rural y urbano y que, desafortunadamente, se ha perdido por la avaricia colonialista de ciertos urbanitas organizados en distintos estratos, la mayoría acientíficos, y apoyada sin límite por los actuales poderes públicos.

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