Aunque ya me he referido en anteriores entradas a diversos aspectos de la gestión forestal, creo necesario sintetizar algunos aspectos, muchas veces desconocidos por el gran público, y referidos a cómo se toman las principales decisiones a la hora concretar una planificación en un terreno forestal. Sin embargo, antes de desgranar dichas decisiones conviene partir de algunas evidencias. La primera es cómo se define la gestión forestal. Creo que la definición más breve y completa aparece en la 4ª edición de un libro clásico de gestión forestal americano, donde se refiere a ella como el uso de los sistemas forestales para cumplir los objetivos del propietario y de la sociedad. La forma de cumplir dichos objetivos se realiza a través de planes forestales, que en España se sintetizan en lo que se conoce como proyectos de ordenación o documentos similares. Volviendo a la definición anterior, conviene no olvidar que, según las escasas y mejorables informaciones aportadas públicamente por el Ministerio de turno, en España más del 71% de la superficie arbolada está en manos privadas y que se corta aproximadamente un m3 por ha y año, cuando el crecimiento promedio es bastante superior. Es decir, aunque algunas noticias, interesadas y sesgadas, afirman lo contrario, nadie debería escandalizarse por la madera que se corta anualmente, máxime cuando, aproximadamente, en los últimos 30 años el volumen existente casi se ha duplicado, y el número de pies se ha multiplicado por 1,6.
En síntesis, hoy en día el gestor pretende conjugar la trinidad clásica de la gestión forestal con las situaciones sobrevenidas por, entre otras razones, los cambios en la demanda de las personas que consumen los servicios ecosistémicos (SE) ofertados por los sistemas forestales. Es preciso recalcar que las demandas de la sociedad con relación a los SE asociados a los montes se han modificado en los últimos años a una velocidad imposible de ser acompasada en términos de ajustes en la oferta de éstos, lo que dificulta considerablemente el diseño de una planificación consistente. Dicha trinidad se resumía en los principios de persistencia, rentabilidad privada, y eficiencia (máximo rendimiento), y se acotan según las incontables restricciones legislativas existentes hoy en día. Otra forma de expresarlo sería indicar que el gestor intenta compatibilizar el uso múltiple, la multifuncionalidad o, si se quiere, el conjunto de SE asociados a los sistemas forestales en base a los objetivos de la propiedad. Todo ello planteado en una triple dimensión: temporal, espacial y económica, lo que le confiere una dificultad inherente.
Estableciendo un símil con el mundo de la empresa, hay que comenzar diciendo que el técnico que redacta el proyecto de ordenación no suele implicarse en su ejecución. Es decir, es como una suerte de controller externo que traza las líneas maestras de la planificación del monte a largo plazo (planificación estratégica), así como la planificación táctica en los próximos años (llamada plan especial). Sin embargo, esta comparación presenta sus peculiaridades porque, a diferencia de una empresa, a este controller no le dejan actuar en algunos activos e intangibles asociados a la unidad de gestión, ni tampoco es habitual que tenga estudios de mercado para justificar posibles actuaciones con relación a esa oferta inicial de SE, ni se pueda plantear segmentar la demanda de una forma clara. Pero ya no es que ni siquiera pueda saber el número de personas que acuden al monte a consumir esos SE, sino que existe gente que se cree que es el propietario y que debe decidir sobre cómo se ofrecen al público dichos SE. Creo que nadie va a un centro comercial y piensa que es dueño de un producto y quiere imponer cómo debe estar en un estante, pero, por desgracia, en los sistemas forestales estos derechos de propiedad no están claros, y los gestores se encuentran con presiones de cretinos que se comportan de esa forma. Finalmente, recabando lo explicado hasta ahora, no es de extrañar que muchas de las recomendaciones recogidas en dichos documentos sean indicativas, y no imperativas.
Con todo ello, el técnico que redacta el documento de gestión ya ha aportado una línea de ruta para que el gestor ejecute las acciones que se consideren oportunas. Así, ha debido explicitar algunos aspectos básicos como la selvicultura que se debe seguir el método de ordenación (modelos empíricos de gestión incluidos en una normativa hoy autonómica), así como la integración de diversos SE, y la estimación de los flujos de caja en los próximos años, entendidos como la diferencia entre los aprovechamientos vinculados a las actuaciones selvícolas y las inversiones previstas (sin saber si existirá o no un presupuesto adecuado para las mismas). Además, debería establecer un conjunto de alternativas factibles, elegir la óptima según su criterio y explicitarlo en el documento de gestión correspondiente. Además, dichas alternativas suelen tener en cuenta la población cercana al monte analizado, cuestión muy importante en épocas de abandono de lo rural. Y cuando digo alternativas en plural, me refiero a que lo más común es que existan varias soluciones. Por ejemplo, y tomando ejemplos fáciles de entender, los que piensan que la única forma de gestionar las masas forestales es la “no gestión” son rehenes de un profundo desconocimiento, o bien están alineados con determinadas banderas de la insostenibilidad.
Llegados a este punto quisiera insistir en que algunos malintencionados sólo se acordarán de la gestión por algunos aspectos puntuales, sin conocer su historia, las dificultades en cuanto a su aplicación, o las motivaciones y objetivos de la propiedad. Estas acciones serían, salvando las distancias, como si alguien critica a un médico por recetar un analgésico y, encima, pide que se prohíba el uso de su principio activo. Por desgracia, esta caricatura que acabo de exponer se vuelve real en recientes noticias vinculadas a la paralización de las cortas finales perfectamente diseñadas desde un punto de vista técnico, o en algunos organismos de la Administración que esconden la labor de los ingenieros de montes en su marketing institucional. Es decir, parece que se considera al gestor como una especie de último mohicano o cabeza de turco que pueda servir de escudo a ciertos políticos en diferentes ámbitos y a quienes, por cierto, no se les dota de herramientas pagadas con dinero público y que pudieran ser de ayuda para justificar las complicadas decisiones a las que me he referido. Como ejemplo final, vuelvo a lanzar una pregunta recurrente: ¿por qué informaciones a nivel espacial tipo VANE, RECAMAN, Evaluación de los servicios ecosistémicos del mileniono están directamente disponibles para los gestores? Este tipo de informaciones serían de gran ayuda para justificar diversas actuaciones y decisiones. Sin embargo, igual no es eso lo que se pretende: resulta mucho más sencillo imponer medidas arbitrarias y, como he comentado anteriormente, insostenibles.
