Forests offer a biocultural touchstone and source of sustenance for mostof the world’s rural population. Kotte et al., 2019: International Handbook of Forest Therapy
Comenzando por un aforismo bien conocido, resulta muy complicado ponerle puertas al campo, pero mucho más lo es construir clasificaciones u ordenaciones perfectas que no dejen lugar a interpretaciones y malentendidos sobre cómo se asignan los ítems a categorizar. No todo es blanco o negro, y lo que queda en medio muchas veces se suele marginar. Sin embargo, y parafraseando el título de un conocido podcast de economía, “el gris importa”. Viene todo ello a colación, por ejemplo, a cómo se consideran y se asignan los resultados de los diferentes servicios ecosistémicos en los diferentes sectores productivos. Si nos referimos a los que se producen en, digamos, la España rural (por contraposición a la España urbana), creo que la forma de transmitir su importancia y de, en definitiva, reivindicar su lugar en las políticas públicas sigue siendo subóptima, por emplear un adjetivo rigurosamente benévolo. Ya me he referido en otras ocasiones a ciertas zonas grises existentes entre lo agrícola y lo forestal, pero el objetivo de esta entrada es diferente.
La tozuda realidad nos dice que, en nuestro país, existe un Ministerio que incluye parte de la España rural (el MAPA), y otro que incluye la otra parte (mayor en términos superficiales, y menor en la cuantificación de algunos de los servicios de provisión asociados) en el MITERD. Dejando a un lado corporativismos ineficientes, juegos de salón y mezquindades políticas varias, el caso es que cada vez veo menos argumentos para no reivindicar los bienes y servicios de la España rural de forma conjunta, sin entrar en sistematizaciones que sólo debilitan al conjunto. Bien es cierto que hay que cumplir unas normativas, pero la justificación de cubrir unas estadísticas supranacionales no debería estar por encima del reconocimiento y de la acción política en favor de estos territorios. Para ilustrar lo que estoy desgranando, he traído a colación una imagen del reciente Informe (año 2023) sobre el sector agroalimentario español editado por la Fundación Cajamar.
Se puede apreciar cómo el sector agroalimentario incluye ítems que no son nada agrícolas (como el de selvicultura y explotación forestal) y otros que lo son bastante tangencialmente, como puede ser la caza. La reflexión que me hago viendo esta agregación no va en la línea de llevarme las manos a la cabeza en términos corporativos, sino en la necesidad de que lo rural (no utilizo el término “agrario” por varias razones, entre ellas la falta de conocimiento sobre lo que abarca) se reivindique conjuntamente. Si medimos la importancia del sector agroalimentario (agrícola, ganadero y cadena de valor asociadas) en términos de magnitudes macroeconómicas, su importancia es claramente superior a los sectores vinculados a la cadena de valor de los productos forestales. Sin embargo, si se introduce en el análisis otros servicios ecosistémicos, las cuentas igual no están tan claras. Y si, en este contexto, se agregan las cifras de la España no urbana, algunos podrían empezar a comprender la fuerza de este territorio. Fuerza que no se traduce en retornos vinculados a políticas amables, comprensivas y, sobre todo, humildes ante la incontestable realidad de la importancia de esta realidad no urbana. Un ejemplo constatable lo tenemos en los datos oficiales de los inventarios de gases de efecto invernadero, el sector LULUCF mitiga anualmente una cifra superior al 12-14% (varía según los años) de las emisiones totales realizadas en España. Una forma de interpretar estas informaciones es que el sector LULUCF más que compensa las emisiones de lo que se contabiliza al sector agrícola, luego, según esta clasificación, el ámbito rural tiene un saldo positivo (negativo en la terminología comúnmente utilizada) en cuanto a estas emisiones: la captura de CO2e supera a las emisiones. Este dato, a mi modo de ver inexplicablemente, se suele omitir en muchos análisis y ni siquiera se conoce por la sociedad.
No me refiero a posibles intencionalidades políticas, pero lo que sí resulta evidente es que esta división beneficia claramente a ciertos grupos (habitualmente citadinos, y con gran apoyo en distintas esferas) que pretenden colonizar parcelas de lo rural a espaldas de la propiedad, y a los habitantes de este territorio. Ante esta situación, creo que resulta necesaria que se reme de forma conjunta para reclamar mucha más atención para sus problemas y medios para visibilizar esta importancia y reivindicar su verdadero valor. Valor que no es, ni mucho menos, el que otorgan ciertos citadinos anteriormente aludidos, adalides de un conspicuo neolocolonialismo rural, y que creen que lo rural sólo tiene los problemas que ellos quieren ver, mientras les tienen que aportar un suministro cuasi infinito de múltiples servicios ecosistémicos, y, por supuesto a coste cero, como se puede apreciar en el dato del GEI anteriormente mencionado. Cuando digo medios me refiero, por ejemplo, a estadísticas básicas de diversos bienes y servicios (sobre todo en el ámbito forestal) hasta una valoración integral de todos los servicios ecosistémicos en el ámbito rural, y del capital natural existente. A partir de ahí, las medidas a proponer deberían tener en cuenta esas informaciones contrastadas, y no estar al albor de sectarismos al uso, bien sea enmascarando una bioeconomía ausente de economía, o apoyando propuestas negacionistas sobre el crecimiento económico.
Sin embargo, la problemática que estoy comentando no sólo tiene una razón exógena. Sin entrar en excusas derivadas de competencias profesionales, sí que llama la atención cómo esa integración no se está produciendo en otros ámbitos como puede ser el de las titulaciones universitarias. Vemos que existen en algunas Universidades dobles grados que, por ejemplo, incluyen titulaciones agrícolas con forestales. Sin embargo, salvo error por mi parte, no he visto ninguna titulación que se centre en una ingeniería de los servicios ecosistémicos asociados al ámbito rural. De la misma forma que, por ejemplo, no abundan las titulaciones relacionadas con el agua de forma integral (es decir, considerando sus diferentes campos de actuación). Ya que se habla del agua, resulta sintomático que, a mi juicio, no exista una metodología aceptada y aceptable para calcular un mapa de valor de los servicios ecosistémicos asociados a este recurso a nivel de todo el territorio. Y cualquiera que haya analizado los resultados del proyecto VANE/IFN4 sabe a qué me refiero. Ello constituye una justificación adicional para promover una valoración del medio rural como antes he señalado. Si no se aborda este reto (la prueba del algodón puede estar en lo que se decida referente al IFN5), cualquiera puede pensar que existe una clara intencionalidad para perpetuar la situación actual. Dicho de otra forma, otorgar el valor que realmente poseen los servicios ecosistémicos constituye un punto de partida imprescindible para favorecer el desarrollo del rural, mitigar los problemas demográficos y facilitar que la gestión de estos territorios sea más sencilla. No hacerlo, y asumir que la no valoración de estos bienes y servicios, la no gestión, el “rewilding” y el desprecio de la propiedad privada son, entre otros, los ejes futuros de la gestión en el rural, constituye, a mi juicio, un error mayúsculo.
