Uno de los problemas más graves que, sin duda, presenta el ámbito rural en España es el de su abandono. El hecho es que cada vez hay más pueblos abandonados en muchas provincias y, en general, la población rural desciende sin remisión mientras los núcleos urbanos cada vez acogen a un porcentaje mayor de la población. Ante esta tendencia que parece por momentos inexorable se está, en general, percibiendo una doble realidad: la poca (o casi nula) importancia que muchas Administraciones Públicas dan a este hecho, por un lado, y, por otro, la propagación de un neocolonialismo rural por parte de ciertos colectivos y que buscan simplemente una tutela más o menos absoluta de la toma de decisiones que se realizan en el mundo rural.
Si he denominado a este último fenómeno neocolonialismo es porque se pretende algo parecido a lo que ocurría cuando unos países utilizaban todas las herramientas disponibles para controlar o influenciar a otro. Pues bien, esta realidad se está dando desde el mundo urbano al rural poniendo como coartada aspectos electorales basados en, según algunos, la injusta agregación de los votos que se produce en los sistemas de votación actuales entre unas provincias y otras.
En resumen, como en las ciudades el número de habitantes es mayor, la gente del rural debe atender a las preferencias de los urbanitas, aunque contradigan la forma de realizar, por ejemplo, la gestión forestal o agrícola que hasta entonces se ha llevado a cabo. Hay hechos que avalan esta tesis, y están al alcance de cualquiera: las forestaciones están mal vistas y muchas se quieren prohibir, la caza está cuestionada hasta límites inimaginables hace pocos años, las plagas existentes en muchas zonas rurales (por ejemplo, los jabalíes) son miradas con simpatía por muchos habitantes de las ciudades asumiendo que su actividad es inocua para los habitantes de los alrededores, y ya hasta hay colectivos que quieren prohibir esquilar las ovejas para vender la lana. Esta lista no es exhaustiva, y sólo he recogido algunos de gran importancia económica para muchas comarcas.
Si le damos la vuelta a la tortilla, nadie en su sano juicio esperaría que los habitantes del mundo rural les dijeran a los de las ciudades qué árboles deben plantarse en sus alcorques, qué especies deben formar parte de sus jardines verticales o qué animales de compañía deben tener en sus casas. Pues bien, en la otra dirección se asume como natural lo que arriba he comentado y esto está suponiendo la ruptura de un cierto contrato social que existía entre ambas poblaciones (rural y urbana). Los políticos son muy conscientes de esta situación (su objetivo es maximizar votos… y abundan más en las ciudades) y quizá esta circunstancia ayude a explicar esa tibieza en la toma de medidas para frenar el despoblamiento rural.
No es, ni mucho menos, el objetivo de esta entrada diseñar o sugerir una forma de decisión en grupo que pudiera aplicarse para llegar a un consenso entre toda la población. Simplemente se pretende denunciar esta triste realidad, que está llevando a que mucha gente vea el paisaje rural una suerte de parque temático a medida donde puede hacer lo que le venga en gana, puede prohibir lo que no le gusta y, por supuesto, todo tiene que estar preparado para que su disfrute sea máximo durante el tiempo que abandone la ciudad. Curiosamente, estos mismos urbanitas rápidamente se apropian de lo que representan algunos símbolos y elementos propios de lo rural, y lo intentan implantar en las ciudades. Por ejemplo, nunca reconocerán que una plantación en el ámbito rural es un bosque, pero si el concejal de turno tiene la brillante idea de proponer la creación de una nueva zona verde, ya no será un parque… será un bosque urbano, aunque sean sólo unas pocas hectáreas y todos los árboles procedan de una regeneración artificial. Ante todos estos disparates, sólo me queda manifestar mi decidido apoyo a las iniciativas que se están produciendo en defensa del medio rural y que intentan desactivar esta suerte de neocolonialismo.
