En defensa del propietario forestal privado

Creo que es necesario hablar alguna vez sobre un actor clave en el sector forestal español, y que, como más adelante mostraré, ha estado tradicionalmente olvidado, despreciado y, en muchas ocasiones, fuera de la toma de decisiones sobre circunstancias y problemas que le atañen directamente. Me estoy refiriendo al propietario forestal privado, y, si hablo de él, en principio lo hago atendiendo a todas las categorías que se quieran precisar: el propietario pequeño, el gran propietario (del que España, por desgracia, presenta un déficit importante si hablamos de montes productivos) o del propietario comunal. 

Para situar la importancia de la propiedad forestal privada en España, baste decir que, según las últimas estadísticas, suma más de 13,3 millones de ha. Realizando una comparación espacial, esta cifra supera la suma de la superficie total (no sólo forestal) de Andalucía, Cataluña y Madrid juntas. En esta ingente área se pueden encontrar muchas casuísticas, muchas especies arbóreas con crecimiento rápido o lento, muchas razones históricas que han moldeado el paisaje y, sin duda, también desaciertos y actuaciones muy criticables. No obstante, tambien hallamos, y esto pocas veces se reconoce, una labor de, en ocasiones, generaciones de miembros de una misma familia que se han propuesto gestionar el monte de una forma sostenible y, gracias a esa perseverancia, hoy en día la sociedad puede disfrutar de los mismos. 

Frente a esta realidad nos encontramos a que dicha sociedad muchas veces no comprende sus demandas, margina sus legítimos intereses y, lo que es peor, los sitúa muchas veces en la más pura indefensión cuando normativas impuestas sin un mínimo diálogo suponen directamente mermas en su función de producción, o directamente la expropiación encubierta de outputs asociados a estos sistemas forestales. Sin duda, resulta muy barato y fácil legislar contra los propietarios forestales. Los ejemplos de esta indefensión son continuos: normativas que obligan a dejar de cortar madera, de reducir la superficie plantada, de asumir daños de la fauna salvaje, la desconsideración del papel que juegan promoviendo otros servicios ecosistémicos diferentes a los de provisión, etc. Si, encima, esto lo generalizamos en el sentido que muchas veces los propietarios forestales lo son también de predios agrícolas o ganaderos, algunos aspectos ya citados como los daños de fauna salvaje se agudizan aún más. 

Otra forma de marginación se puede observar en la falta de estadísticas fiables con relación a estos propietarios y sus propiedades. La mejor forma de entender de lo que estoy hablando es simplemente comparar las informaciones existentes en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre los datos de carácter económico en los campos de la agricultura y la ganadería en comparación con el forestal. Parece claro que la invisibilidad estadística es el primer paso para la evidencia de la futilidad de los propietarios forestales. A título de ejemplo, y siguiendo con ese mismo Ministerio, también llama la atención como, por ejemplo, el peso de los propietarios forestales en el Consejo Forestal Nacional (repito, más de 13 millones de hectáreas) es la mitad que las organizaciones no gubernamentales, de ámbito estatal, que tengan como objeto social la defensa de la naturaleza. No pretendo insinuar con esta última frase que estas últimas no deban estar presentes en dicho Consejo, sino simplemente realizar una comparación real de cómo los propietarios son vistos en estos organismos. Por otro lado, la fragmentación de sus asociaciones y la inexistencia (a diferencia de los ámbitos agrícola y ganadero) de sindicatos a nivel nacional también ayudan a esta invisibilidad. 

Por último, escribo estas líneas cuando se sabe que el gobierno de turno no ha estimado prioritario establecer un Ministerio que englobe todo lo rural y cuando algunas responsables de Ministerios que repiten en el Gobierno se han caracterizado, por decirlo muy suavemente, por una atonía en relación con, por ejemplo, las plantaciones forestales. Claro que no llegan al nivel de confrontación que han exhibido en el pasado otras personas recién llegadas al Consejo de Ministros. Todo lo que acabo de comentar supone un cóctel que no augura muchos días de vino y rosas para este colectivo, pero no por ello quisiera expresar mi más sincero apoyo a su reconocimiento como un elemento capital para lograr una política forestal sensata y no excluyente.

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