Con la popularización del uso de herramientas de información geográfica, resulta más que evidente que han surgido múltiples aplicaciones que han logrado integrar diversos aspectos a nivel espacial que, hasta ahora, no habían pasado de intentos puntuales en función del problema a tratar. En esta línea, y dentro del ámbito forestal, una de las disciplinas que, a priori, se ha podido beneficiar es la valoración. En efecto, la idea de disponer de mapas de valor que cubran todo el territorio siempre ha sido vista como una suerte de ideal que, de lograrse, facilitaría, entre otras cosas, la toma de decisiones en la gestión de los ecosistemas forestales. Por ejemplo, resulta fácil pensar que si se dispusiera de ese tipo de apoyo cartográfico los gestores podrían analizar con mayor facilidad los diferentes trade-offs asociados a los distintos servicios ecosistémicos presentes en cualquier sistema forestal. Además, aspectos con tanta difusión últimamente como el cálculo del capital natural o las cuentas ambientales necesitarían este tipo de apoyos si se quisiera realizar una valoración integral de un territorio. En otra línea, las siempre exigentes valoraciones asociadas a incendios forestales podrían encontrar un apoyo fundamental para abordar la valoración de servicios sin precio de mercado afectados por un hipotético incendio.
Una vez expuesta la necesidad y las bondades de disponer de este tipo de herramientas, la pregunta que surge sería: ¿existe en España un repositorio público que permita a cada usuario descargarse un mapa de valor de un determinado servicio ecosistémico para una determinada zona del territorio? La respuesta, muy a mi pesar, es negativa, pero no porque no se hayan dedicado esfuerzos a ello, sino porque diversas razones lo han imposibilitado. Así, unas veces ha faltado voluntad política, mientras que en otras parece que los intereses privados de cierta empresa semipública priman sobre objetivos públicos, por mucho que se promocionen portales de transparencia. En síntesis, lo que se puede comentar al respecto es que el Estado se ha gastado (y se está gastando) un buen presupuesto en conseguir mapas de valor…. pero éstos se encuentran sumidos en una tiniebla burocrática que impide que cualquier ciudadano puede acceder a estas informaciones.
Para ser más concreto, conviene repasar algunos hitos al respecto. Así, en primer lugar, lo primero que viene a la cabeza son las valoraciones económicas que acompañan al Inventario Forestal Nacional (IFN), desde el III IFN. Estas valoraciones se pueden conseguir en papel y se caracterizan por utilizar unas metodologías no contrastadas (III IFN) y que no se explican y justifican con precisión. En síntesis, se proponen tres tipos de valores (productivo, ambiental y recreativo) y se aportan mapas provinciales al respecto. El siguiente caso, y quizá más sangrante, es el proyecto VANE (Valoración de los Activos Naturales de España). Este ha sido un proyecto finalizado hace más o menos diez años y en donde se han calculado el valor de 28 distintos bienes y servicios según diferentes metodologías. Ha sido un trabajo pagado por el entonces Ministerio de Medio Ambiente y hoy descansa en un cajón, no sé si en el Ministerio o en el de la empresa que ha realizado el apoyo técnico. Únicamente se dice que se han utilizado algunas de las metodologías propuestas en la valoración que acompaña al IV IFN y se han actualizado los resultados desde el 2005 (fecha a la que se refiere el VANE original) hasta el 2011 con la actualización del IPC. Se ha editado una publicación en el año 2010, pero los mapas de valor calculados no se hayan disponibles. Quizá en los próximos meses esa situación cambie en alguna CC.AA. como Castilla y León, pero ello no es óbice para señalar este hecho. Finalmente, el último caso que me viene a la mente es en el proyecto de evaluación de ecosistemas del milenio, donde también se muestran mapas de valor para algunos servicios ecosistémicos… pero que no están accesibles en su web. Llegados a este punto es preciso recordar que este proyecto ha sido apoyado por la Fundación Biodiversidad que, como es sabido, está adscrita al Ministerio de Transición Ecológica.
Después de haber realizado esta exposición surgen cuestiones evidentes: ¿es lógico que esos cientos de miles de euros gastados, por lo menos a través de tres iniciativas públicas, para lograr mapas de valor produzcan un resultado final que no permita el libre acceso a esta información? ¿No hay ningún principio de eficiencia en la asignación del gasto público al respecto? Por último, me gustaría acabar insistiendo la necesidad del libre acceso a esta información, no sólo ya por las razones anteriormente expuestas, sino también por razones legislativas (art. 28 de la Ley de Montes donde se regula la información estadística forestal). Aunque dichas estadísticas en la actualidad distan mucho que desear, deberían recoger estas informaciones espaciales.
