Ya he comentado recientemente que la tendencia, imperante en algunas visiones ambientalistas, vinculada a la negación de la componente económica cuando se habla de sostenibilidad, o la imposición de determinadas políticas en sistemas complejos como son los del medio rural, resultan ambas en una aberración técnica, histórica y científica. Se trata, en definitiva, de aplicar (lo que más les gusta a ciertos escolásticos) un relato que no busca el bien común, sino favorecer a unos determinados actores. En esta línea, actualmente resulta muy complicado encontrar una referencia a ciertos aspectos económicos básicos en múltiples documentos generados por el Ministerio de Transición Ecológica. Así, generalmente se camufla la parte económica con eufemismos (“aspectos socioeconómicos”) y se desdeña cualquier análisis previo utilizando herramientas estándar en cualquier parte del mundo como es el análisis coste-beneficio. Y no digamos nada de encargar estudios de valoración económica de los distintos servicios ecosistémicos implicados en ciertos problemas, con el fin de tomar la decisión más ecuánime. Los ejemplos son numerosos y al final se demuestra que tomar decisiones tan rígidas, poco motivadas y sin buscar ningún tipo de consenso conduce a ridículos tremebundos. Véase, en esta línea, la problemática reciente con las plantaciones de chopos, o el cierre/apertura/cierre/no apertura de alguna central térmica.
En esta línea, voy a comentar algunos aspectos de la reciente “Estrategia para la conservación y gestión del lobo y su convivencia con las actividades del medio rural”, sin entrar en la aberrante forma sobre cómo se ha tomado la decisión de considerar la incorporación del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. Lo primero que me ha llamado la atención es el título. Igual no tengo toda la información, pero, llamándose Ministerio del Reto Demográfico, supongo que en el futuro verá a la luz otra estrategia similar para los habitantes del medio rural que puedan verse afectados por las medidas que se proponen en aras de asegurar esa supuesta convivencia. Es decir, no tengo claro si en el Consejo Consultivo de Medio Ambiente se incluyen representantes de sectores como el ganadero. Nótese que el título habla de “medio rural”. Y el medio rural comprende, como es lógico, otros aspectos que no son sólo los ambientales, aunque desde este Ministerio se pretenda ocultar este hecho.
Entrando en materia, se dice textualmente que el lobo, además de provocar daños, presenta un “valor ecológico, cultural, científico y simbólico”. A mi modo de ver esta afirmación es muy pobre desde el punto de vista científico. En una época de bioeconomía, de capital natural, creo que al lobo pueden asignarse diversos servicios ecosistémicos no contemplados en dicha frase, y se debiera explicitar con más propiedad dichos valores. Utilizando otro lenguaje, menos en boga hoy en día, pero igual de válido, se puede hablar de valores indirectos asociados a las visitas recreativas en zonas loberas o, hipotéticamente, a las externalidades positivas derivadas de un control que pudieran realizar sobre ciertas poblaciones de otros animales salvajes. Dejando a un lado los valores directos, al prohibirse su caza (aunque se podría calcular dicho valor), también presenta un evidente valor de existencia, así como de legado (que se conserve para las futuras generaciones), e incluso de opción si en el futuro se revierte la decisión de no cazar dicha especie. Por otro lado, y de ahí el título de esta entrada, no estaría de más intentar calcular dichos valores. Es decir, ponerle unidades monetarias a los mismos. Realizar este ejercicio no supone, como afirman algunos tendenciosos, “mercantilizar” al lobo o verlo “bajo una óptica productivista”. Se trata de conocer tanto el beneficio que aporta el lobo a la sociedad, como el coste social del mismo. Ambas mediciones podrán encuadrar el conflicto presente, y a través de los intercambios existentes entre ambas medidas, la “coexistencia” que se impone en esta estrategia. Desgraciadamente, estos estudios que, repito, son necesarios, ni están ni se prevé que se vayan a acometer en el futuro.
Si hablamos del coste social, merece la pena detenerse en lo que se entiende en esta estrategia, porque se aborda desde una óptica muy limitada. Así, básicamente, serían las indemnizaciones por daños a las cabañas ganaderas. Las cifras aportadas en el último año que hay datos dicen, en términos redondos, que dichos daños afectan a 11.000 animales y que las indemnizaciones han supuesto alrededor de 3,5 millones de euros. Para minimizar este problema se aportan una serie de propuestas técnicas, pero en un momento dado se dice que se podrá incrementar dicha indemnización con una “cantidad suplementaria”, que no se especifica, pero que compense las “molestias, el lucro cesante u otros aspectos que reducen la rentabilidad de las explotaciones”. Por desgracia, me temo que esta frase implica que, en la actualidad, las indemnizaciones no cubren todos los daños. Sin embargo, me interesa mucho más la falta de ecuanimidad y, sobre todo, de empatía con los ganaderos. Hagamos un ejercicio sencillo. Supongamos un citadino muy propenso a tener mascotas, a cuidarlas y a apreciarlas como un miembro de su familia. Además, esta persona está muy preocupada por la evolución de las poblaciones de lobo en España y comparte las últimas medidas que se han tomado desde el Ministerio. Hasta aquí, todo muy respetable, y no hay nada más que decir, a excepción de un pequeño detalle. Se acepta fácilmente que para esa persona tanto sus mascotas como, en general, los lobos presentan un valor de no uso, que podrá ser más o menos alto, pero seguro que es distinto de cero. Ese valor es una forma de cuantificar su cariño hacia esos animales. Sin embargo, parece que se ha decidido que los ganaderos en explotaciones extensivas no puedan tener un valor de no uso (es decir, excluyendo beneficios monetarios) asociados al ganado que están cuidando. Resulta fácil pensar que para una persona que cuida y se preocupa todos los días por un conjunto de animales ese valor también existe y, por ello, debiera computarse su pérdida en el coste social del lobo. No hacerlo supone una discriminación flagrante.
No voy a entrar, por falta de espacio, en otros aspectos que considero importantes, como el coste asociado al manejo de esta especie o la importancia de realizar estos estudios individualizados donde se encuentren las manadas de lobos (no vale un único estudio para toda España), pero sí que querría hacer una última reflexión al hilo de una medida que potencialmente podría ayudar a mitigar el problema de los incendios forestales, de tan triste actualidad este verano. Dicha medida se refiere al papel de la ganadería extensiva como método para reducir el combustible existente en determinadas zonas forestales. He echado en falta cuando se ha hablado de ganadería extensiva, al igual que en esta estrategia para la conservación del lobo, números que nos pudieran ayudar a evaluar económicamente posibles alternativas. Sin embargo, sí que tengo claro que la posible expansión del lobo, y las medidas que se prevén para la “co-existencia” con los ganaderos pudiera ser la puntilla para algunas explotaciones ganaderas. Si se llegara a producir esta situación, ahí aparecería otro coste social del lobo. No obstante, creo que aquí el Ministerio podría haber sido mucho más ambicioso y regular (no sé si en solitario o al alimón con el Ministerio de Agricultura) un pago por servicios ambientales para beneficiar a los ganaderos por las externalidades positivas derivadas del ejercicio de su profesión. Resulta indudable que esto igual no es del agrado de ciertos grupos de presión, pero en esta estrategia ya se recoge el ejemplo de la Comunidad de Cantabria donde hay un pago de estas características, pero por cabeza de ganado. A mi juicio, sería más apropiado un pago por superficie, pero ya es un primer paso, porque, además de mitigar posibles fenómenos de cese de explotaciones, podría ejercer el fenómeno contrario (y deseable por muchos): un reclutamiento de nuevas explotaciones ganaderas. En definitiva, profundizar en el análisis que se ha descrito en los párrafos anteriores ayudaría a disponer de datos para evaluar el grado de conflicto existente en esta “co-existencia” del lobo y otros stakeholders (no sólo los ganaderos). Todo ello debiera conducir a una mejora en la toma de decisiones en ciertas políticas ambientales, si lo que se pretende es establecer unas medidas más consensuadas, claro está.
