Por desgracia, este verano está siendo pródigo en grandes incendios y, como siempre que ocurren estos desastres ambientales, han proliferado opiniones y comentarios sobre las causas y la forma de evitarlos. Aunque no pretendo entrar en este debate, debo comenzar agradeciendo las voces autorizadas pertenecientes a los ámbitos universitarios, científicos y técnicos (incluyendo Colegios Profesionales), que con precisos y contundentes argumentos han expuesto hechos que comparto casi en su totalidad. Además, y aunque me da la sensación de que este hecho no se reconoce habitualmente, creo que en España existen excelentes grupos de investigación en el tema de incendios forestales, con trayectorias muy sólidas, y que compiten perfectamente a nivel internacional, con lo que, a priori, merecen la máxima credibilidad.
Sin embargo, hay un tema que no ha salido a relucir en estas semanas de zozobra incendiaria cómo es el valor de las pérdidas asociadas a los mismos. Llama mucho la atención que ningún medio se pregunte a cuánto ascenderían estas pérdidas, aunque sólo hubiesen podido aportar estimaciones aproximadas. Este hecho no se produce sólo este año, sino que es recurrente, a diferencia de otro tipo de desastres, donde resulta más frecuente ver ciertas cuantificaciones monetarias. En el caso que nos ocupa, las pérdidas tradicionalmente se cumplimentan en los partes de incendios, por lo que el Ministerio tiene que recabar estos datos que, como bien es sabido, se realizan ex ante de cualquier procedimiento judicial, y que se basan en procedimientos cuyo origen ya se remonta al antiguo ICONA. Sin embargo, los repositorios oficiales muestran que las últimas estadísticas definitivas publicadas (las únicas que incluyen estas informaciones cuantitativas) se refieren a 2015. Aunque más adelante se profundizará en ello, este hecho de por sí podría constituir un claro síntoma de la importancia que se le otorga a este hecho. Por otro lado, conviene recordar que las estadísticas de incendios presentan sus peculiaridades: un mismo predio forestal puede sufrir incendios más de una vez en la serie considerada, ni mucho menos toda la superficie que arde es la arbolada, y que una superficie se contabilice dentro de una estadística de incendios forestales no significa que, en todas las ocasiones, el daño del incendio haya supuesto la eliminación por completo de la cubierta vegetal existente. También se debe recordar que, en las últimas décadas, la superficie forestal está creciendo en España y que existe superficie afectada por incendios que se considera no forestal.
Analizando los datos existentes, para cada año se recogen, por el lado de los pagos, el presupuesto del Ministerio ejecutado en estas labores (sólo en el período 2011-2015), mientras que los gastos de extinción son computados minuciosamente cada año. También se han estimado las pérdidas en productos mediatos y, hasta el año 2008, pérdidas ambientales. Voy a obviar estas últimas, dado que, entre otras razones, las metodologías aplicadas han sido controvertidas y no aceptadas en muchos casos por la comunidad científica. Así pues, tendríamos los datos de las pérdidas de ciertos servicios ecosistémicos de provisión (madera, leña, corcho, piñones, etc.). Si analizamos los datos existentes en este siglo (2000-2015), los resultados obtenidos muestran unas cifras que conviene destacar. La primera es que, teniendo en cuenta las salvedades anteriormente expuestas, menos de un 7% de la superficie forestal de España ha sufrido afección por incendios en estos 16 años. La segunda es que la superficie arbolada supone alrededor de un 30% de la superficie total afectada.
Trabajando con magnitudes reales y no nominales, el valor promedio anual de las pérdidas (referidas al año 2015) no llega a los 1000€ por hectárea, pero conviene destacar dos períodos. El primero de ellos llega hasta 2006 que es el año donde el importe de las pérdidas es el máximo de la serie (aproximadamente 2500€/ha), motivado seguramente por la importancia de los incendios ese año en Galicia (78% de la superficie arbolada afectada por incendios en todo el estado). Pues bien, desde 2000 hasta 2006 el valor de las pérdidas se sitúa en una cifra ligeramente superior a los 1000€/ha, mientras que de 2007 hasta 2015 esa cifra se reduce drásticamente hasta poco más de 500€/ha. Estas diferencias resultan bastante chocantes, y requerirían un análisis mucho más profundo que escapa a lo que se quiere mostrar en esta entrada.
En efecto, la cifra anterior llevada a nuestros días supone admitir que el valor medio de las pérdidas por incendios es poco más de 600€/ha, cifra que, recordemos, sólo se refiere a un conjunto reducido de servicios ecosistémicos. Llama la atención que el valor real por hectárea de la afección de un incendio a una superficie forestal alcance cifras tan escuálidas. También resulta difícil de entender cómo no hay datos desde 2015 y cómo no se hace algún esfuerzo para integrar en estas cifras otros servicios ecosistémicos cuando la Administración ha pagado directa o indirectamente estudios al respecto que no están fácilmente accesibles. O porqué al carbono emitido a la atmósfera por estos incendios (un porcentaje, por cierto, muy pequeño frente a lo que capturan las masas forestales computadas en el inventario de GEI), no se le otorga ningún valor. No computar económicamente las pérdidas provocadas por un incendio forestal supone no imputar un valor a las masas forestales y eso siempre resulta en un atraso para la gestión, para la gobernanza y para la propiedad forestal.
Por ilustrar esta cifra con datos cercanos, si atendemos al precio de la tierra de ese mismo año en aprovechamientos cercanos (no existen sobre terrenos forestales), las estadísticas oficiales del MAPA sobre el precio de la tierra ofrecen valores para un pastizal que superan los 3.000€/ha, mientras que los prados naturales superan los 11.000€/ha, y el cultivo de secano promedio en toda España supera los 6.000€/ha. Por otro lado, no existen apenas seguros de incendios forestales, lo cual resulta lógico porque no puedes asegurar lo que desconoces (valor por hectárea de muchos predios forestales), pero el último dato anual del valor promedio de la producción agrícola asegurada supera los 2000€/ha. Finalmente, para encuadrar de otro modo el valor de las pérdidas en el año 2015, el estudio de ASEMFO sobre inversión y empleo en el sector forestal de ese mismo año habla de un valor de alrededor de 37€/ha.
A la vista de estos números cualquiera puede sacar sus propias conclusiones, pero si un artículo de la Ley de Montes afirma que el Ministerio elaborará una estadística forestal española, uno se pregunta por las causas de este apagón estadístico (que no es el primero ni el único en el MITERD) desde el año 2015. Si sumamos a este incumplimiento la desidia por parte de la Administración de recopilar informaciones judiciales, registrales, etc. que pudieran ser de ayuda para estimar con propiedad valores asociados a los sistemas forestales y, por otra parte, las extrañas sentencias judiciales donde unos magistrados se arrogan la potestad de decidir, sin ningún tipo de justificación, el importe de los daños en problemas ambientales graves, se puede afirmar que parece que interesa que los sistemas forestales no puedan ser homologables a otros activos a la hora de fijar los valores asociados a los servicios ecosistémicos que proporcionan. Y todo ello hace un flaco favor para la gestión de incendios, porque lo que no tiene valor (o si lo tiene, éste presenta una cifra muy exigua) va a arder siempre, por desgracia, con más facilidad.
