El coste social de las crisis ecológicas debe hacerse visible para revelar la errónea asignación de recursos. (E. Laurent, 2021)
Voy a abordar en esta entrada, de forma necesariamente somera, un tema complejo, no universalmente resuelto, y que, me temo, es desconocido para muchos interesados en aspectos puntuales relacionados con los mercados de carbono y la economía del cambio climático. Comienzo con una analogía fácil de entender: a la hora de valorar (no valorizar, por favor) un determinado bien utilizado en un proceso productivo, sino se dispone (por la razón que sea) de un precio de mercado, una opción fácil, aunque inexacta, sería acudir al coste de su fabricación. Un ejemplo en el ámbito forestal, aunque, bajo mi juicio, totalmente desaconsejable, sería valorar una repoblación forestal por el importe de los pagos desembolsados para ponerla en marcha, convenientemente computados. Pues bien, para estimar un valor a una tonelada de carbono emitida se puede acudir a esta perspectiva.
Así, se admite que el llamado coste social del carbono se asemeja al coste que le supone a la sociedad la emisión de una tonelada adicional de este gas. Es decir, para algunos autores supone una hipotética estimación del coste del cambio climático. Antes de continuar el argumento, quiero destacar dos aspectos. El primero es que aparece la palabra social porque se intenta estimar un valor según el cual a la sociedad le fuera indiferente emitir una tonelada de carbono o recibir esa cantidad de dinero. Es decir, estamos hablando de un óptimo social, no de un óptimo privado (por ejemplo, no es el que pondría una empresa para optimizar su cuenta de resultados). Y calcular un óptimo que abarque toda la sociedad (pongamos el caso de los habitantes de un país) implica abordar una tarea compleja desde el punto de vista teórico. Sin embargo, en la actualidad terraplanistas subvencionados, citadinos neocolonialistas y otros mentalmente gibosos se arrogan esta potestad (sólo hay que ver las reacciones ante determinados problemas ambientales o la instalación de ciertas industrias). A pesar de esta penosa realidad, no se trata de imponer un número, sino de estimarlo de acuerdo con unas premisas que beben, entre otras fuentes, del lenguaje económico. Esto nos conduce al segundo aspecto: es preciso manejar conceptos e ideas de diversas ramas de la ciencia económica. Admitir esta cuestión puede parecer trivial, pero no lo es cuando en foros de diversa índole se promocionan a expertos en aspectos del mercado de carbono con, y soy extremadamente elegante, exigua formación económica.
Si alguien se pregunta por una medida estándar de dicho coste, al estilo, por ejemplo del valor de cada tonelada de carbono que se comercializa en el mercado europeo de derechos de emisión, lo primero que se debe explicar es que no existe a nivel global. Existe numerosa bibliografía al respecto, e incluso el único premio Nobel hasta la fecha relacionado con la economía del cambio climático, William Nordhaus, presenta publicaciones recientes donde aporta cifras en función de diferentes escenarios e hipótesis consideradas, partiendo de un valor base de 66$/tCO2. Valor ya muy superior al de publicaciones anteriores del mismo autor que, en términos reales alcanzarían los 43$/tCO2. Además de la dificultad intrínseca de calcular este valor, se puede decir que no existe una medida estándar por su volatilidad y por las hipótesis que subyacen en su cálculo. Poniendo un ejemplo sencillo, si tenemos que computar los costes futuros en un determinado horizonte temporal, habrá que definir la tasa de descuento a emplear para dicho cómputo, como bien realiza Nordhaus en el artículo anteriormente citado definiendo 5 tipos de escenarios en función de variaciones de este parámetro. Por ejemplo, la EPA (agencia de protección ambiental) americana a la hora de calcular esta variable bajó dicha tasa del 3 al 2% el año pasado, lo que, como es lógico pensar, ha supuesto un notable incremento en el coste social del carbono. Ahora se estima alrededor de los 190$/tCO2. Otra hipótesis es si hay que aplicar algún tipo de peso para compensar la disposición al pago que pueda tener un ciudadano para reducir una tonelada de carbono en función de su renta. En un análisis coste-beneficio tradicional no se suele tener en cuenta, pero un muy reciente artículo en Science al respecto aborda esta cuestión, proponiendo valores mucho más elevados que los propuestos por la EPA, aspecto ya analizado por otros autores que muestran incrementos (también para USA) de 79 a 291$/tCO2 si se incluyen esos sistemas de pesos en el análisis.
Lo que subyace a esta medida puede ser de interés con respecto a diferentes políticas ambientales. Si, hipotéticamente, este coste es elevado, parece lógico invertir en tecnologías que mitiguen este exceso de emisiones. Por el contrario, si dicho coste fuera mucho más reducido, cobrarían más importancia medidas de adaptación ante riesgos derivados del cambio climático. Pero estas afirmaciones se deben contextualizar y es necesario analizar aspectos relacionados como el precio de los mercados de carbono regulados (¿tiene sentido que sean marcadamente diferentes al coste social del carbono?) o el papel de las empresas a la hora de acaparar créditos en vez de avanzar en innovación para reducir sus emisiones. Las políticas que siguen dichas empresas muestran una lógica irrefutable bajo su óptica, pero pudiera ser contraproducente a nivel social, ya que, en términos pigouvianos se estaría produciendo una externalidad negativa al no estar correctamente estimados los costes de estas emisiones.
Que yo sepa, en España no existe una medida oficial (al estilo de la EPA norteamericana) de esta variable, aunque algunos trabajos afirman que si llegara a internalizar este coste a nivel del PIB en la década pasada, éste se vería reducido en un 1,5% a. Tampoco se indica a nivel oficial cuál sería la tasa de descuento adecuada que se debería aplicar para computar esos hipotéticos daños futuros. Si a esta realidad le añadimos la política actual sobre el valor de cada tonelada de dióxido de carbono capturada (o bien es cero para el propietario, o bien no se explicita adecuadamente en los registros oficiales), se puede concluir que la vertiente económica queda muy lejos de la toma de decisiones en aspectos relevantes de la política ambiental nacional. Parece que es más conveniente argumentar de forma insostenible (es decir, despreciando el imprescindible y necesario pilar económico presente en la idea de la sostenibilidad), que buscar motivaciones basadas en aspectos contrastados por la ciencia.
