“Of all the forest commodities, forest property itself is the most difficult to describe and measure”: W.D. Duerr, Fundamentals of Forestry Economics (1960)
Me resulta cansino y muy triste volver a escribir sobre incendios forestales en el mes de agosto. Si no recuerdo mal, esta sería la tercera vez que ocurre, y me temo que no va a ser la última. Entrando en materia, no voy a hablar de las causas (hay mucha gente con más conocimientos que yo, y ya lo están haciendo en diferentes medios), de estadísticas de incendios o de medios de extinción, ni tampoco de soluciones instantáneas y mágicas (que no las hay o, al menos, no las conozco), sino de un eslabón que tradicionalmente se suele obviar al realizar análisis con relación a este desmesurado desastre: el propietario forestal.
Pero antes de ir al meollo de la cuestión, conviene centrar el tema recordando algunas obviedades que moldean la peliaguda situación actual. La primera es que muchas políticas y decisiones que afectan a los sistemas forestales vigentes hoy en día en España no frenan el despoblamiento rural, sino que lo alientan. Hay ejemplos claros donde ni la extracción de grandes cantidades de madera frena esta tendencia. No resulta difícil colegir que, si no hay una presencia humana activa en un territorio previamente antropizado (este matiz resulta muy importante), el riesgo de que produzcan nuevos incendios se incrementa notablemente. Tampoco es casual que tres de las provincias más castigadas por los horribles incendios de este mes (Orense, Zamora y León) son citadas en un estudio reciente como lugares donde se espera que se reduzca más del 30% de la población rural en 15 años. Me temo que, si no se toman medidas disruptivas, volveré a escribir otra entrada de este estilo en los próximos meses de agosto. La segunda es que parte de la sociedad no tiene interiorizado el valor de los sistemas forestales, y todo el trabajo que, en muchos casos, ha habido para que uno pueda hacer un disfrute de ellos. Se piensa que los montes siempre han estado y estarán ahí, y se obvian los esfuerzos de la propiedad y técnicos a lo largo de muchos años para asegurar la persistencia de las masas forestales (las cosas no “caen del cielo”). Eso conlleva a que sólo queda el pataleo cuando hay se produce un incendio. Es algo similar a cuando pierdes el móvil y no has tenido en cuenta ningún plan de contingencia para minimizar los efectos de esa pérdida.
Y si hablo del valor de estos sistemas, pido disculpas por ser repetitivo, pero pasan los años y al MITERD no le interesa exponer los datos de las valoraciones que se realiza de las pérdidas que ocasionan los incendios forestales y que son obligatorias según el parte de incendios normalizado que figura en su web. Han pasado diez años (sic) desde las últimas estadísticas definitivas. Esta omisión plantea situaciones poco deseables como que, para la opinión pública, las únicas métricas para evaluar la gravedad de un incendio sean las unidades de superficie, cuando muchas personas ni siquiera saben lo que representa una hectárea, y, por ejemplo, se desconoce ampliamente que menos de la mitad de la superficie forestal quemada corresponde a una superficie arbolada. Por poner un símil, es como si las pérdidas de un incendio en una nave industrial se mide por la superficie de cubierta afectada, no por el valor de lo que se almacenaba en esos recintos. Conocer el valor no es una fijación contable, es transmitir a la sociedad que lo que arde no son sólo hectáreas. Con independencia de las evidentes debilidades de la metodología oficial para valorar estos daños (por favor, no debe emplearse el verbo “valorizar”), resulta perentorio asignar unas unidades monetarias para que el propietario tenga un orden de magnitud de lo que puede haber perdido, a expensas de que realice su propia valoración. Transmitir esas cifras es empezar a hablar de capital natural y que esta expresión no quede como un “hot topic” no aplicable en el ámbito forestal. Disponer de estas estimaciones es el primer paso para que existan, en un futuro, unas cuentas ambientales donde se reconozcan, además de los servicios ecosistémicos existentes, los factores de producción vinculados a la propiedad de ese sistema forestal. Dicho de otra forma, no entender esto y seguir hablando sólo de hectáreas y de las estadísticas de los medios de extinción supone fomentar el abandono del medio rural.
Otro problema que presenta la propiedad privada forestal es una manifiesta invisibilidad a pesar de los millones de hectáreas de superficie forestal que están bajo esta tipología. Cuando se produce un incendio, esta realidad conlleva más problemas. Se pueden citar varios ejemplos al respecto. El primero es la falta de apoyo público, hecho que se puede comprobar en numerosos casos de ayudas y subvenciones. Así, un propietario sólo puede asegurar un predio forestal si cumple unas condiciones muy concretas (sólo plantaciones para producción y algún producto forestal no maderero). Poniendo un ejemplo pavoroso y reciente, he leído que se ha calcinado una plantación de castaños de 12 años y 20 hectáreas en Orense. Sin conocer más detalles, entiendo que no estaba asegurada, pero una plantación similar de un frutal afectada por otro incendio tendría la opción de disponer de un seguro bien subvencionado. ¿Por qué esas diferencias en propietarios del rural? ¿Acaso pagan menos impuestos los titulares de terrenos forestales? Por otro lado, no existen ayudas para el abandono de la producción (a diferencia del sector agrícola), las estadísticas son paupérrimas en comparación con los otros dos pilares del sector agrario y, para más inri, se ha decidido apartar y estancar lo forestal de lo agrícola y ganadero. Es decir, se ha decidido, sin explicar los motivos, que es mejor para ciertas políticas (como por ejemplo, esa suerte de oxímoron denominado “reto demográfico”) aislar los productos de los sistemas forestales de los otros productos del rural (agrícolas, ganaderos) en otro Ministerio.
Como ya he comentado en otras ocasiones, soy partidario de que lo rural se trate de forma integral, porque, entre otras razones, este enfoque produce sinergias muy útiles para la propiedad. De hecho, resulta común que los propietarios rurales posean fincas donde coexistan esos tres pilares. Sin embargo, salvo error u omisión por mi parte, este dato se omite en las estadísticas oficiales. No obstante, y con el propósito de aportar alguna luz positiva, me ha llamado la atención una nota de prensa muy reciente del Ministerio de Agricultura donde se habla de un nuevo proyecto donde se van a integrar informaciones, a nivel nacional, agrícolas, ganaderas y forestales. Esta sería la línea a seguir, y, aunque con mucho escepticismo, espero que se integren resultados de diferentes servicios ecosistémicos y que sólo exista una web con todas las informaciones estadísticas del medio rural. Y ya que hablo de servicios ecosistémicos, esa debilidad estructural de la propiedad forestal hace que no se cuantifiquen muchos de esos servicios, sobre todo los de regulación y culturales. Ello implica que dichos servicios en montes de titularidad privada se conviertan en una suerte de bienes públicos, y que la propiedad no reciba ninguna compensación, sino que incluso ello le acarree externalidades negativas, bien por el hecho que algunas personas creen que poseen derechos de propiedad sobre dichos predios, o bien porque ciertas autoridades practican una suerte de expropiación de facto (y sin justiprecio) de algunas actividades que se venían realizando tradicionalmente. Esta falta de reconocimiento también fomenta el abandono rural y, con ello se aumenta la probabilidad de que el predio sufra un incendio. Sin embargo, lo que resulta todavía más sorprendente es que se extienda un lenguaje citadino basado en la dicotomía “limpio”/”sucio” para castigar indiscriminadamente (por ejemplo, elevando la carga fiscal) a los propietarios que, según algunos, tengan los montes “sucios”. Vamos como si, a ojos de ciertos bizarros urbanitas, los montes tuvieran que ser jardines. Seamos serios, y reconozcamos no hay soluciones tan simples que sean efectivas y, si un propietario tiene obligaciones, también tendrá derechos que deben ser reconocidos previamente. Además, como he comentado anteriormente, dichos derechos pueden ser fácilmente modificados (a la baja) en inversiones con horizontes de planificación tan dilatados como son las forestales. En definitiva, si alguien cree que yendo contra la propiedad contrarresta el problema de los incendios, está totalmente equivocado. Es como el que para atajar una epidemia se olvida de los pacientes para centrarse en instrumentos, informes, números y copagos.
