Las estadísticas afirman que, a nivel nacional, la importancia del sector forestal es exigua en comparación con otros sectores, y mucho menor que en otros países. Los datos que manejo, del año 2014, vienen a cuantificar que el valor añadido bruto (VAB) asimilable a la actividad forestal supone, en términos redondos, aproximadamente un 1% del PIB nacional. Sin embargo, este porcentaje varía entre las distintas CC.AA., pudiendo llegarse a triplicar esta cifra en Galicia. Por otro lado, conviene destacar que una gran parte de este VAB (un 90%) se relaciona con la actividad industrial. Es decir, dentro del sector forestal, la actividad industrial es la responsable de la mayor parte de los bienes y servicios que se producen en un año. En esta tesitura, es fácil pensar que los gobiernos deberían estimular la creación de tejidos industriales sólidos, bien integrados y que, a poder ser, existiera concurrencia para evitar la aparición de fenómenos de competencia imperfecta dentro de algunos de los subsectores que componen la cadena de la madera en España.
Pues bien, nos encontramos que el Gobierno actual no sólo va en la línea anteriormente expuesta, sino que sigue empeñado en castigar al sector forestal con decisiones arbitrarias, irracionales y que sólo se justifican por unos predicamentos ideológicos obsoletos. La última ocurrencia que se ha conocido ha sido la decisión de poner en riesgo la fábrica que ENCE tiene en Pontevedra. Aunque ha sido un tema bien contextualizado en algunos artículos publicados en distintos medios, conviene hacer algunos comentarios al respecto. Así, en primer lugar, hay que decir que esta decisión supone la demostración de lo poco que le importa el sector forestal e, indirectamente, el mundo rural a esta Administración. Poner en riesgo ENCE supone admitir que lo mejor para una Comunidad Autónoma es que más de 3,4 millones de metros cúbicos de eucalipto al año no tengan la opción de transformarse en su territorio. Ello equivaldría, salvando las distancias, a que un gobierno obligara a que todo el pescado desembarcado en Galicia no se pudiera procesar (conservas, congelados, etc.) internamente debido a una decisión administrativa.
Esta medida política no es que valide ciertas ideas urbanitas sobre los sistemas forestales con argucias administrativas, sino que va más allá anulando la posibilidad de que funcione la única industria de celulosa que existe donde más eucalipto se produce en España. Curiosamente, si esos dirigentes se preocuparan del bien común, deberían preguntarse si el mercado de madera para celulosa puede funcionar mejor, por ejemplo, fomentando, como he comentado anteriormente, que exista una mayor competencia. Pero, por desgracia, esto no es un hecho aislado: lo que subyace es que por una idea irreal, utópica y desnortada sobre lo que deben ser las masas forestales (básicamente no productoras de ningún bien que tenga un precio de mercado) se esté castigando a decenas de miles de personas. Sólo así se justifica la xenofobia botánica imperante contra el eucalipto, las decisiones que adoptan ciertas Confederaciones Hidrográficas contra las plantaciones de chopo, o el casi nulo apoyo que se presta a medidas de mitigación del cambio climático que pueden realizar las masas forestales, por citar tres hechos recientes referidos a plantaciones forestales.
