Hoy en día no se concibe nuestra sociedad sin la existencia de compañías de seguros que se encargan de ofrecer pólizas de todo tipo: tanto a nivel individual como de empresa (todas presentan en sus cuentas de resultados apartados vinculados con seguros de todo tipo), como con relación a daños futuros como vinculadas a situaciones personales muy complicadas. Esta profesionalización y universalización se aprecia en múltiples campos y, analizando lo más cercano a los sistemas forestales, los seguros agrarios, se puede concluir que llevan muchos años realizando una gran labor, debiéndose singularizar el eficiente sistema público-privado que se ha diseñado. Así, existe un organismo autónomo propio (ENESA) que se encarga, entre otras funciones, de diseñar y desarrollar los seguros y las subvenciones que perciben los agricultores y ganaderos. Por otro lado, las empresas aseguradoras delegan la gestión de estos en AGROSEGURO, órgano que se encarga básicamente del día a día relacionado con estos seguros (emitir y gestionar el cobro de los recibos, trámites de peritación, valoración y pago de siniestros, etc.). Esta introducción se justifica por un hecho bastante inaudito: en todo este sistema la importancia de los seguros forestales es anecdótica y residual, a pesar de la jerarquía superficial de los terrenos forestales y, por poner un ejemplo, los elevados valores (por lo menos los existentes hasta que se decidió silenciar la estadística) vinculados a pérdidas por incendios forestales.
Para ilustrar lo arriba expresado con alguna cifra, estamos hablando de 45 líneas de seguro agrario, de las que sólo una es forestal y que todas ellas están asegurando unos 15.600 millones de euros de capital. El coste para los agricultores se acerca a los 828 millones, pero reciben una subvención de ENESA por cerca de la tercera parte de este coste. Pues bien, de todo este pastel, lo forestal sólo supone poco más de 100 millones de esos 15.600. A nivel superficial estamos hablando de cerca de 8 millones de hectáreas agrícolas aseguradas. No he encontrado estadísticas al respecto del ámbito forestal en ENESA, pero según AGROSEGURO (entidad a la que agradezco muy sinceramente la información aportada) apenas superan las 62.000 ha. Cualquiera puede hacer el rato de superficie asegurada frente a superficie total agrícola y forestal, y se hace una idea de la nimiedad de este instrumento en el ámbito forestal. No obstante, esta estadística no debe excluir otro tipo de seguros que puedan contratar los propietarios, ya que en la cifra anterior sólo se recogen seguros asociados a lo que recoge la orden anual que regula la línea de seguros propia del ámbito forestal. En concreto, se centra en forestaciones y, desde el punto de vista de la producción a la madera de chopo, y a las producciones de piña y corcho. Los riesgos cubiertos tienen que ver en estos contextos con incendios, vientos huracanados, nieve, y lluvias torrenciales. Esta, sin duda, es una gran limitación del programa de seguros: no hay seguros específicos para posibles siniestros, como por ejemplo, enfermedades, o incendios en otro tipo de masas tan vinculadas a forestaciones recientes. Por otro lado, nos podríamos preguntar si en todos los países existe esta, digamos desidia hacia este tipo de seguros. Pues bien, un artículo reciente sitúa a España en la misma categoría que Francia y Alemania en cuanto a nivel superficial (aunque ese porcentaje contradice el dato anterior), pero muy alejados de los países nórdicos, con cifras del 95% de superficie forestal asegurada en Suecia o más del 40% en Finlandia.
Llegados a este punto nos podríamos preguntar no ya por otras razones que justifican este hecho, sino las ventajas que pudiera tener una masa forestal sujeta a esta relación contractual. A mi juicio, una de las principales es que se está otorgando un valor por escrito al predio asegurado. Ese detalle, que pudiera parecer de reducida importancia en otros ámbitos, resulta capital en el ámbito forestal dada la ausencia endémica de informaciones fiables sobre el valor de estas tierras y sus producciones. Por otro lado, cuando se avanza en este tipo de tercerizaciones, ello supone establecer otro tipo de relaciones no asociadas sólo a la transformación de los productos, con lo que pudieran aparecer en escena otras demandas laborales (peritos, valoradores, etc.) que contribuyan a incrementar los puestos de trabajo en las zonas rurales.
Como he comentado anteriormente, no sólo se deberían contabilizar sólo los seguros vinculados a las líneas de seguro oficiales. Me consta que algunas asociaciones de propietarios (en especial, en el País Vasco) llevan tiempo fomentando seguros de responsabilidad civil colectivos, e intentando que lleguen al mercado otro tipo de seguros orientados al ámbito forestal. Por otro lado, tampoco conozco datos sobre la existencia de pólizas vinculadas a las nuevas forestaciones surgidas a la luz de los proyectos de absorción de CO2. A nivel de un propietario forestal, a priori resultaría interesante blindarse ante problemas que pudieran surgir en estos horizontes de planificación y que pudieran desbaratar la rentabilidad prevista con estos proyectos. Nótese que me estoy refiriendo al carbono como una “commodity”, y conviene aclarar esta circunstancia porque en la literatura de la economía de los recursos naturales se ha puesto de moda hace unos años el término “insurance value” como un sinónimo muy cercano al concepto resiliencia y, como resulta lógico pensar, no es un término homologable a lo aquí expuesto.
Finalmente, por las razones anteriormente comentadas, quisiera insistir en la importancia del desarrollo de estas actividades en el sector forestal, a pesar del nulo apoyo que estoy viendo en algunos ámbitos oficiales. Así, no he encontrado grupos operativos de desarrollo rural donde profundizan en estas cuestiones, y en el MITERD siguen obviando estas cuestiones, a excepción de una referencia en el Plan Forestal 2022-2030 donde hablan de impulsar la suscripción de estos seguros, pero circunscritos a los ya existentes (incendios o catástrofes). Es decir, que a diferencia de otros ámbitos, no se deduce que se quiera aportar otro esquema nuevo al respecto. Por todo ello, quizá sería aconsejable que otros stakeholders como las asociaciones de propietarios lideren este tipo de reivindicaciones.
